La Contraloría General de la República señala retrasos en el pago de subsidios y falta de acción por parte de las autoridades competentes, lo que podría provocar una crisis energética en el Caribe y otras regiones del país.
La Contraloría General de la República ha emitido una alerta sobre un posible racionamiento de energía en el Caribe y otras regiones del país, que podría afectar a más de 10 millones de usuarios. En un comunicado reciente, el organismo de control expone que existe un riesgo significativo para la continuidad del servicio eléctrico debido a retrasos en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio por parte del Ministerio de Minas y Energía, lo cual está condicionado a la asignación presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Las regiones potencialmente impactadas incluyen la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). Según la Contraloría, la falta de transferencia oportuna de subsidios podría resultar en cortes de energía que afectarían gravemente la vida cotidiana y las actividades económicas en estas áreas. El comunicado resalta que, a pesar de que la vigilancia sobre la eficiencia en la prestación de los servicios públicos es responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta el momento no se ha observado ninguna acción efectiva por parte de estas entidades frente a la situación crítica.
El Contralor General de la República ha instado al Gobierno nacional y a las entidades involucradas a tomar medidas inmediatas para evitar la afectación del servicio de energía eléctrica. Entre las acciones recomendadas se incluye la regularización del giro de subsidios y la implementación de estrategias para prevenir el riesgo sistémico que podría comprometer el suministro eléctrico en el país.
La Contraloría General también recordó la importancia de la seguridad y confiabilidad energética, mencionando estudios previos como el realizado en 2022 sobre “Avances de la Estrategia para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en la Región Caribe”. Dichos estudios concluyeron que persisten desafíos significativos relacionados con el giro de subsidios y el pago de consumos, que incluyen a entidades públicas de nivel municipal y departamental. La sostenibilidad del servicio eléctrico depende de abordar estos problemas críticos.
Además, los contralores de los departamentos afectados han iniciado una acción popular exigiendo tres medidas principales. Primero, solicitan al presidente Gustavo Petro que nombre en propiedad a los expertos comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), ya que actualmente solo hay dos funcionarios en ese cargo. Segundo, piden a la Superintendencia de Servicios Públicos que evalúe la intervención y, si es necesario, proceda a la liquidación de las entidades responsables, citando malas prácticas y el uso indebido de recursos destinados al pago de terceros.
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