La falta de condiciones adecuadas en los puntos de pago vulnera los derechos humanos de los beneficiarios.
La Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata ante la alarmante situación que viven los beneficiarios de subsidios en Magangué, Bolívar. Bajo el mandato del alcalde Pedro Alí, las condiciones de atención en los puntos de pago se han vuelto insostenibles, vulnerando los derechos humanos de cientos de ciudadanos.
Desde hace una semana, largas filas se han formado bajo temperaturas que superan los 37°C y en medio de lluvias intensas, lo que no solo pone en riesgo la salud de los beneficiarios, sino que también afecta su dignidad. La falta de acceso a baños públicos y espacios adecuados para esperar, como sillas, agrava aún más la situación, especialmente para personas mayores, mujeres embarazadas y quienes viajan desde áreas rurales.
El único punto de pago disponible, operado por Reval y el Banco Agrario, no tiene la capacidad logística necesaria para atender a las aproximadamente 700 personas que diariamente buscan cobrar subsidios de renta ciudadana y devolución de IVA. Aunque se ha intentado mitigar la crisis con un cajero adicional, esta solución temporal no aborda los problemas estructurales que continúan afectando a los usuarios. Muchos se ven obligados a esperar durante horas, incluso desde el día anterior, para recibir su dinero.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo exige a las autoridades competentes y al Banco Agrario que tomen medidas concretas para garantizar condiciones dignas en la atención a los ciudadanos. Es imperativo ampliar los puntos de pago, mejorar la infraestructura existente y asegurar el respeto a los derechos fundamentales de aquellos que dependen de estos subsidios. La situación actual no es aceptable y debe ser corregida de inmediato para asegurar el bienestar de la comunidad.