Para presionar los pagos, la organización intimidaba a las víctimas con supuestas penas de prisión, multas y la pérdida de la custodia de sus hijos.
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Bogotá. La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), materializó en la ciudad de Medellín la retención mediante Notificación Roja de la ciudadana colombiana Katerin Herrera Álvarez, quien es requerida por las autoridades judiciales del Reino de Suecia por el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas en coordinación con las autoridades europeas, Herrera Álvarez estaría presuntamente vinculada a una organización criminal con zona de injerencia en el municipio de Östersund (Suecia), dedicada a la suplantación de autoridades policiales mediante el envío de correos electrónicos fraudulentos que aparentaban provenir de la Policía de ese país.
Bajo esta modalidad delictiva, la estructura intimidaba a sus víctimas advirtiéndoles sobre supuestas penas privativas de la libertad, elevadas sanciones económicas y amenazas directas relacionadas con la pérdida de la custodia de sus hijos. A cambio de no hacer efectivas estas falsas medidas judiciales, exigían transferencias bancarias que oscilaban entre las 85.000 y 90.000 coronas suecas, el equivalente a 34 o 36 millones de pesos colombianos aproximadamente por víctima.
Labores de verificación e inteligencia permitieron establecer el particular historial de Katerin Herrera Álvarez. A los cinco años de edad salió de Colombia hacia Costa Rica junto a su madre en calidad de refugiada bajo la protección de ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados), luego de que su padre fuera asesinado por grupos guerrilleros en territorio colombiano. Tras permanecer dos años en el país centroamericano, a los siete años fue seleccionada junto con su progenitora por el Gobierno de Suecia para recibir residencia permanente. Durante 23 años vivió en la nación escandinava, donde fue beneficiaria de asistencia estatal integral en vivienda, alimentación y educación, logrando formarse y ejercer profesionalmente como jefe de enfermería.
Posteriormente, argumentando complicaciones de salud de su madre, decidió regresar a Colombia. Desde el año 2024 fijó su residencia en la vereda Toldas del municipio de Guarne (Antioquia), manteniendo su actividad laboral en el Valle de Aburrá, donde se desempeñó durante un año como administradora de un hotel en Medellín y, hasta el momento de su ubicación, trabajaba en la organización de eventos para una caja de compensación en Antioquia.
Katerin Herrera Álvarez fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, a la espera de que las autoridades diplomáticas y judiciales del Reino de Suecia formalicen la respectiva solicitud de extradición.
Con este resultado, la Policía Nacional de Colombia ratifica su compromiso en la lucha frontal contra el delito transnacional y el fortalecimiento de la cooperación policial internacional para evitar que el territorio nacional sea utilizado como refugio por prófugos de la justicia.
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