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El concejal de Bogotá Daniel Briceño denunció al gerente de RTVC, Hollman Morris, a quien señala de aprobar pagos mensuales superiores a 71 millones de pesos a la Revista Raya por la producción de un proyecto de “investigaciones independientes” financiado con recursos públicos.
Según la documentación publicada por Briceño en sus redes sociales, el contrato suscrito entre RTVC Sistema de Medios Públicos y la Fundación Raya contempla la coproducción de veinte programas periodísticos bajo el nombre “Señal Investigativa”, con difusión en Señal Colombia y plataformas digitales.
El convenio, firmado en febrero de 2025, tiene un valor total de más de 520 millones de pesos, de los cuales RTVC aporta cerca del 68% del monto —357 millones de pesos— y la Fundación Raya el 32% restante en especie. Los pagos se realizarían en cuotas mensuales de 71,4 millones de pesos, previa entrega de cuatro capítulos y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Briceño afirmó que con estos recursos “se financiaron contenidos que atacan a senadores y magistrados críticos del Gobierno, disfrazados de periodismo independiente”. El concejal citó como ejemplo un artículo publicado por la Revista Raya titulado “Ibáñez, el magistrado antiderechos que preside la Corte Constitucional”, donde se cuestiona la postura del presidente del alto tribunal frente a la reforma pensional aprobada por el Congreso.
El documento contractual establece que la Fundación Raya debe cumplir con los lineamientos editoriales y técnicos de RTVC, garantizar la calidad audiovisual del producto y reportar sus aportes en materia fiscal y de seguridad social.
La controversia ha reavivado el debate sobre el uso de fondos públicos en la financiación de medios que se autodenominan independientes. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la aparente contradicción entre el carácter oficial de RTVC y la financiación de investigaciones con posible sesgo político.
Mientras tanto, la dirección de RTVC no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. El caso se suma a las tensiones recientes por el manejo de recursos en entidades estatales del sector comunicativo y el papel de los medios públicos en la promoción de agendas gubernamentales.