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Medellín. La Gobernación de Antioquia, bajo la dirección de Andrés Julián Rendón, incrementó las recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de los principales líderes de las estructuras de crimen organizado «La Terraza» y el «Clan del Golfo» con injerencia en la subregión del Suroeste.
Esta determinación se adoptó tras la realización de un consejo de seguridad en el municipio de Andes, donde se analizó la situación de orden público y la seguridad de la zona.
Los sujetos identificados bajo los alias de «El Indio», «Mulo» y «Piraña» son los individuos por los cuales se ofrece este incentivo económico a la ciudadanía que suministre datos precisos y verificables sobre su paradero.
La administración departamental elevó la cifra de la recompensa hasta los 100 millones de pesos por «Jairo de Jesús Durango Restrepo»
De acuerdo con la información compartida por la Gobernación, el monto de la recompensa para capturar a los integrantes de la organización «La Terraza» se ha fijado en hasta 50 millones de pesos. Esta organización es señalada por las autoridades de coordinar actividades de microtráfico y extorsión que afectan la estabilidad de los municipios cafeteros de la región. Entre los objetivos principales definidos por la fuerza pública se encuentra el alias conocido como “Chicho”, sobre quien pesan órdenes de captura vigentes por diversos delitos.
En lo que respecta al «Clan del Golfo», específicamente la subestructura identificada como «Jairo de Jesús Durango Restrepo», la administración departamental elevó la cifra de la recompensa hasta los 100 millones de pesos por sus cabecillas de zona. Los sujetos identificados bajo los alias de «El Indio», «Mulo» y «Piraña» son los individuos por los cuales se ofrece este incentivo económico a la ciudadanía que suministre datos precisos y verificables sobre su paradero.
El gobernador Rendón manifestó que esta medida busca incentivar la colaboración ciudadana para desarticular los grupos armados organizados que operan en el departamento. El mandatario subrayó que el control territorial por parte de la fuerza pública es una prioridad institucional para garantizar la seguridad de los habitantes y productores rurales del Suroeste antioqueño.