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Bogotá. En desarrollo de una contundente estrategia contra las finanzas de las organizaciones criminales transnacionales, la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la cooperación internacional decidida, efectiva y de confianza de la Agencia de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, asestaron uno de los golpes más significativos del año al narcotráfico en el departamento de Nariño.
La operación interinstitucional se ejecutó en la vereda Trejos del Mar, ubicada en el municipio de Mosquera (Nariño), en el lugar, fue localizado, incautado y destruido un gigantesco laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, compuesto por seis estructuras interconectadas, con alta capacidad de producción. Durante la inspección del complejo cocalero, los investigadores de la DIJIN hallaron un arsenal de insumos y maquinaria de nivel industrial, entre los que se encontraban:
• 1.710 kilogramos de clorhidrato de cocaína listos para embalaje.
• 694 galones de cocaína en suspensión.
• 1.5 kilogramos de pasta base de coca.
• Maquinaria industrial para moldes, prensas hidráulicas, prensas al vacío, un gusano de 6 resistencias, tolvas de decantación y cuatro marcianos.
También fueron encontrados hornos microondas, mesas de templado, plantas eléctricas, dormitorios con capacidad para albergar a 30 personas y víveres frescos en proceso de preparación.
De acuerdo con las investigaciones, el laboratorio tenía una capacidad de producción estimada en dos toneladas de cocaína semanales, y la infraestructura física del complejo estaba avaluada en $2.500 millones de pesos. Los ocupantes del lugar, al notar la llegada helicoportada y terrestre de las unidades, emprendieron la huida hacia la densa vegetación de la zona.
Información de inteligencia determinó que el estupefaciente pertenecía a una organización criminal independiente de alcance transnacional liderada por alias “Junior”. Esta red mantenía una alianza de outsourcing ilegal con el Grupo Armado Organizado residual Bloque Occidental Alfonso Cano de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, comisión Jacobo Arenas, al mando de alias «Chato», a quienes les pagaban impuestos criminales para asegurar el libre ejercicio del narcotráfico en la región.
La modalidad delictiva de la organización consistía en transportar el alcaloide en lanchas pequeñas desde zonas de acopio hasta puntos estratégicos donde acondicionaban embarcaciones de alta velocidad tipo Go Fast o artefactos semisumergibles. Desde allí, los cargamentos eran despachados hacia Centroamérica, utilizando rutas marítimas internacionales cercanas a Guatemala, Honduras y México, con destino final los Estados Unidos.
Con este resultado operacional se afecta directamente la economía ilícita de estas redes criminales en más de $59 millones de dólares en pérdidas directas, asimismo, se evitó la circulación y comercialización de más de 1.7 millones de dosis de cocaína en las calles del mundo.