Las propiedades, habrían sido utilizadas para afectar los sistemas de medición de servicios públicos.
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En el desarrollo de una ofensiva institucional orientada a proteger la infraestructura y los recursos públicos, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantó una investigación con fines de extinción de dominio por el delito de defraudación de fluidos, logrando la ocupación de 28 inmuebles y 14 hoteles presuntamente vinculados a estas conductas delictivas.
La Seccional de Investigación Criminal, en atención a denuncias instauradas por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, iniciaron labores investigativas luego de identificar inconsistencias en los patrones de consumo registrados en varios inmuebles de la ciudad, Posteriormente, mediante inspecciones técnicas a los sistemas de medición, se establecieron que los contadores presentaban alteraciones ilegales destinadas a reducir el valor real de la facturación.
Durante 16 meses de investigación, los uniformados recolectaron elementos materiales probatorios que permitieron establecer que estas prácticas ilícitas, presuntamente, se venían desarrollando desde el año 2013, asimismo, en el marco del programa metodológico, se identificó un patrón delictivo sistemático entre los propietarios de 28 inmuebles y 14 hoteles, quienes registrarían vínculos familiares, comerciales y societarios.
En el desarrollo de la investigación también se evidenció que estarían utilizando mecanismos fraudulentos consistentes en la alteración ilegal de los sistemas de medición de servicios públicos como energía, acueducto y gas, así como la instalación de conexiones clandestinas destinadas a evadir los controles técnicos y comerciales establecidos. Estas prácticas no solo habrían generado millonarias afectaciones económicas, sino que además eran un riesgo para la seguridad de la comunidad, debido a la posibilidad de emergencias asociadas con incendios, fugas e inundaciones.
De acuerdo con estimaciones consolidadas entre los años 2020 y 2025, las pérdidas ocasionadas por el delito de defraudación de fluidos superarían los $1,24 billones de pesos, lo que representaría afectaciones cercanas a los $207 mil millones anuales, impactando la sostenibilidad financiera de la empresa y la prestación eficiente de los servicios públicos esenciales para la ciudadanía.
Con base en los elementos materiales probatorios obtenidos mediante inspecciones judiciales y a procedimientos administrativos e informes técnicos periciales que confirmarían la manipulación fraudulenta de los sistemas de medición, la Fiscalía General de la Nación emitió medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los inmuebles y hoteles ubicados en las comunas de La Candelaria, Buenos Aires, Laureles y Belén, bienes avaluados en más de $96 mil millones de pesos.
Los bienes afectados con las medidas cautelares fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de su administración mientras la autoridad judicial competente define su situación definitiva.