A la extinción de dominio de 48 bienes se suma la captura de 9 directivos que al parecer lavaron más de $10.000 millones de pesos.
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Bogotá. En el marco de las estrategias contra el crimen organizado transnacional y en desarrollo de los principios de cooperación internacional, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con la cooperación internacional estratégica, decidida, efectiva y de confianza de la agencia de investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI) de los Estados Unidos, asestó el golpe más contundente del año a las finanzas de las redes dedicadas al tráfico irregular de migrantes en la subregión del Urabá antioqueño y el departamento del Chocó.
Este resultado integral es el fruto de un proceso en dos fases: la captura inicial de la cúpula de la organización a principios de mes y el posterior despliegue de una investigación espejo de extinción de dominio finalizada esta semana.
Primera fase: Captura de la gerencia corporativa criminal
La ofensiva comenzó el pasado 5 de junio mediante la ejecución de 7 diligencias de registro y allanamiento en Medellín, Necoclí, Turbo, Apartadó y El Reposo (Antioquia). Allí se materializaron 9 capturas por orden judicial de los principales cerebros de la red, quienes fungían formalmente como socios, accionistas, representantes legales y administradores de empresas náuticas y turísticas.
En los operativos se incautaron $155.503.000 pesos colombianos, 1.741 dólares en efectivo, abundante material tecnológico y contable, así como 3 armas de fuego. Un Juez de Control de Garantías ya declaró la legalidad de los procedimientos, y la Fiscalía imputó los cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
Según las investigaciones la presunta red criminal utilizaba la modalidad del «Pitufeo» o «trabajo de hormiga» para ingresar más de $10.000 millones de pesos al torrente financiero formal. A través de múltiples depósitos de cuantías menores en cuentas bancarias, mimetizaban las ganancias ilícitas bajo fachadas comerciales legítimas de transporte marítimo, operación turística y comercio de combustibles.
Segunda fase: Investigación espejo
Tomando como base las capturas y las pruebas contables recaudadas, las autoridades lanzaron de forma simultánea e inmediata una investigación espejo de afectación a las rentas criminales. Entre el 17 y el 18 de junio de 2026, se materializaron medidas cautelares de extinción de dominio sobre 48 bienes avalúos en $29.106 millones de pesos.
Las propiedades afectadas en los departamentos de Antioquia y Chocó incluyen:
25 embarcaciones (lanchas rápidas); 8 Inmuebles y 1 Local comercial; 1 Hotel y 1 Empresa de Turismo en Necoclí; 1 Estación de gasolina; 8 Vehículos y 3 Sociedades comerciales.
La investigación transnacional confirmó que la red utilizaba su infraestructura legal en Necoclí para captar y alojar a migrantes de nacionalidades china, ecuatoriana, venezolana y haitiana. Posteriormente, los coordinadores utilizaban las lanchas de la empresa para transportarlos hacia Capurganá, Acandí y Triganá (Chocó), introduciéndolos en la peligrosa ruta del Tapón del Darién y conexiones en Panamá, con destino final hacia los Estados Unidos.
Con este impacto estratégico a la economía ilícita, las autoridades colombianas y el gobierno de los Estados Unidos blindan la seguridad fronteriza y neutralizan una de las estructuras financieras más sofisticadas que se ha lucrado del fenómeno migratorio en la región.