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Bogotá. La Procuraduría General de la Nación radicó formalmente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá un recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia que condenó al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta petición, firmada por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo, argumenta que el fallo del Juzgado 44 Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bogotá adolece de «errores en la apreciación de la prueba» y una «incorrecta observación objetiva» de la misma.
El documento, que es objeto de gran atención en el ámbito jurídico y político, resalta que la valoración probatoria realizada en primera instancia llevó a una «indebida aplicación de la figura de la determinación y lo relativo a la tipicidad». Además, el Ministerio Público señala una «falta de aplicación del artículo 7 de la Ley 906 de 2004», lo cual, a su juicio, «necesariamente debió resultar en la absolución del procesado».
La Procuraduría es consistente en su postura a lo largo del proceso. Ya en sus alegatos de conclusión, celebrados a finales de junio, el procurador Cuadro había solicitado la absolución total de Uribe Vélez, argumentando la imposibilidad de emitir una sentencia condenatoria debido a la debilidad de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía. Entre los puntos cuestionados se encuentran la solidez de testimonios clave, como el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, y la interpretación de las interceptaciones telefónicas, señalando que no se estableció más allá de toda duda razonable el grado de conocimiento exigible para atribuirle a Uribe la responsabilidad como determinador.
La sentencia de primera instancia condenó al expresidente a 12 años de prisión domiciliaria, marcando un hecho importante en la historia judicial del país al ser la primera vez que un exmandatario recibe una condena de esta naturaleza. Con esta apelación, la Procuraduría se suma a la defensa de Uribe en la búsqueda de una revisión del fallo.
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La decisión final recaerá ahora en el Tribunal Superior de Bogotá, que deberá examinar los argumentos expuestos y determinar si procede la revocatoria de la condena o si se mantiene el fallo de primera instancia.