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Bogotá. El Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia contra el partido Progresistas, recientemente constituido bajo el liderazgo de la congresista María José Pizarro. La acción judicial busca dejar sin efecto la personería jurídica de esta colectividad, alegando que su origen se produjo como una escisión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), el cual sigue siendo objeto de investigaciones por presuntas irregularidades en los gastos de campaña de las elecciones regionales de 2023.
El alto tribunal consideró que la demanda cumple con los requisitos formales y ordenó notificar tanto al Consejo Nacional Electoral (CNE) como al partido Progresistas, para que presenten sus respuestas frente a los argumentos de la senadora del Centro Democrático.
Además, el Consejo de Estado dio traslado de la solicitud de medida cautelar presentada por Valencia, mediante la cual pide suspender provisionalmente los efectos de la personería jurídica del nuevo partido mientras avanza el proceso. Los demandados deberán pronunciarse sobre esta petición en un plazo máximo de cinco días.
Con la admisión de la demanda, el alto tribunal inicia el estudio de fondo sobre la legalidad en la conformación de Progresistas, en medio del debate político que ha acompañado su reciente aparición en el escenario nacional.