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La percepción de inseguridad en Bogotá ha dejado de ser un asunto de opinión para convertirse en una realidad respaldada por cifras alarmantes y acciones judiciales contundentes. En un esfuerzo por frenar lo que se califica como una «crisis sin precedentes», el ha elevado el tono de sus exigencias hacia la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, llegando incluso a radicar herramientas legales para forzar una respuesta estatal efectiva.
El concejal Julián Uscátegui Pastrana lidera una ofensiva jurídica mediante la presentación de una Acción Popular contra la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Este recurso busca que la justicia ordene medidas urgentes, eficaces y verificables para garantizar la protección de los ciudadanos ante la vulneración sistemática del derecho colectivo a la seguridad pública.
Entre las pretensiones más destacadas de la iniciativa se encuentra la exigencia de realizar un estudio técnico, jurídico y operativo para evaluar la asistencia militar en la capital, conforme a la normativa vigente.
Según Uscátegui, la ciudad enfrenta factores críticos como la presencia de estructuras criminales organizadas, un notable déficit de pie de fuerza, la inoperatividad del parque automotor y un rezago preocupante en el sistema de videovigilancia.
“No podemos seguir normalizando el miedo en las calles ni la inacción institucional”, enfatizó el cabildante, quien también solicita la implementación inmediata de un Plan de Choque Integral con enfoque territorial y resultados medibles.
La urgencia de estas medidas se ve respaldada por las recientes revelaciones del concejal Julián Sastoque, quien analizó el comportamiento de la línea de emergencias 123 durante el primer trimestre de 2026. Los datos son contundentes: las llamadas totales pasaron de 323.093 en 2025 a 351.252 en 2026, lo que representa un incremento del 8,7 %.
En promedio, la línea recibe 162 reportes cada hora. El panorama delictivo muestra variaciones preocupantes en cinco categorías específicas:
Secuestros: es el delito con mayor crecimiento, registrando un aumento del 37 % (650 casos reportados).
Maltrato: presentó un incremento del 15,3 %, sumando 38.469 llamadas.
Ruido: las quejas aumentaron un 15,1 %, alcanzando los 99.981 reportes.
Disparos: se registraron 4.008 casos, un aumento del 10,6 %.
Hurto efectuado: creció un 9,8%, con 11.608 llamadas registradas.
A pesar de estos picos, las riñas continúan siendo el comportamiento con mayor volumen de reportes, con un total de 109.706 casos entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 8 % respecto al año anterior.
La crisis no afecta a la ciudad de manera uniforme. Según el informe de Sastoque, las localidades de Suba, Kennedy y Engativá son los puntos más críticos, concentrando más de 124.000 llamadas de emergencia en el periodo analizado. Esta situación ha derivado en una fuerte crítica política hacia la política de seguridad vigente.
Sastoque ha calificado la gestión actual como «ineficiente» y ha solicitado directamente al alcalde Galán el relevo del secretario de Seguridad, César Restrepo. El concejal tildó al funcionario de «soberbio» y «negligente» frente a la situación que atraviesa la capital, asegurando que la ciudadanía se encuentra desesperada.
La Acción Popular interpuesta no solo busca el apoyo militar sino también medidas cautelares urgentes para atender a las víctimas de la inseguridad y fortalecer la presencia institucional en las zonas más vulnerables. Uscátegui insiste en que la baja inversión en seguridad y el hacinamiento en los centros de detención transitoria han configurado un escenario donde el orden público se ha visto gravemente comprometido.
El objetivo final de estas presiones desde el Concejo es obligar a la Administración distrital a cumplir con su deber constitucional de proteger a los bogotanos y devolverles la tranquilidad en el espacio público. Mientras la justicia decide sobre la Acción Popular, la ciudad permanece en vilo ante unas cifras que reflejan un pánico en la capital por el recrudecimiento de delitos de alto impacto.