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San Salvador. Un relato de extrema violencia marcó la cuarta jornada del megajuicio contra centenares de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador, un proceso judicial sin precedentes que busca establecer responsabilidades por miles de crímenes cometidos durante más de una década.
En una sala del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele, más de 200 pandilleros escucharon sin reacción el testimonio de un colaborador judicial que detalló prácticas de tortura utilizadas por la estructura criminal.
“A una de las víctimas le quemamos los genitales y el trasero”, relató el testigo ante el tribunal, al describir métodos empleados bajo órdenes de los mandos de la organización.
El proceso agrupa a 486 acusados, entre ellos líderes históricos y mandos intermedios de la MS-13, señalados de haber participado en más de 47.000 delitos, incluidos cerca de 29.000 homicidios cometidos entre 2012 y 2022.
Se trata del juicio más grande en la historia reciente del país, desarrollado bajo un modelo que permite procesar de manera simultánea a cientos de imputados, muchos de los cuales comparecen de forma virtual desde distintos centros penitenciarios.
Entre los hechos investigados figura la matanza de más de 80 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022, episodio que llevó al Gobierno a instaurar un régimen de excepción y a intensificar la ofensiva contra las pandillas.
Durante la audiencia, la Fiscalía centró sus preguntas en los patrones de actuación de la pandilla. Según los testimonios, las víctimas eran retenidas, amarradas y trasladadas a zonas aisladas donde se ejecutaban los asesinatos.
Otros testigos protegidos afirmaron que las órdenes para cometer homicidios se impartían incluso desde las cárceles, mediante un mecanismo interno conocido como “apertura de válvulas”, utilizado por la cúpula para activar ataques en distintos territorios.
En el juicio están incluidos integrantes de la llamada “ranfla nacional”, el máximo nivel de mando de la MS-13, a quienes se les atribuyen miles de crímenes de forma directa.
El megajuicio se desarrolla en el marco de la política de seguridad impulsada por el presidente Bukele desde marzo de 2022, cuando se decretó un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales y amplió las facultades de captura de las autoridades.
Desde entonces, más de 91.000 personas han sido detenidas bajo sospecha de vínculos con pandillas, lo que ha convertido a El Salvador en uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento en el mundo.
El Gobierno sostiene que esta estrategia ha permitido una reducción significativa de los homicidios y la recuperación del control territorial. Sin embargo, el modelo ha generado cuestionamientos por parte de organismos nacionales e internacionales.
Diversas organizaciones han advertido que los procesos masivos pueden dificultar la individualización de responsabilidades y afectar el derecho a la defensa.
También se han documentado denuncias por detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias y muertes bajo custodia. Informes independientes señalan que más de 500 personas han fallecido en centros penitenciarios desde la implementación del régimen.
A pesar de estas críticas, el Ejecutivo defiende el juicio como un paso necesario para desmantelar las estructuras criminales que durante años operaron en el país.
La audiencia, que podría extenderse durante varios meses, se lleva a cabo bajo estrictas medidas de seguridad en el Cecot, una prisión con capacidad para decenas de miles de internos y considerada eje central de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
Durante las sesiones, los acusados permanecen esposados y bajo vigilancia constante, mientras escuchan las pruebas presentadas por la Fiscalía, que busca imponer las máximas penas previstas por la ley.
El desarrollo del juicio será determinante para establecer la responsabilidad penal de la dirigencia de la MS-13 y para evaluar el alcance del modelo judicial adoptado por el Estado salvadoreño frente al crimen organizado.