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Bogotá. Un nuevo choque se presentó entre el Gobierno y la Fiscalía debido a que no suspendió las órdenes de captura a 29 integrantes del Clan del Golfo, como lo solicitó, para que se dirijan a una zona de ubicación en Córdoba, según acordaron en la mesa de conversaciones. La fiscal general Luz Camargo dijo que para ello necesita primero información acerca del cumplimiento de los requisitos sobre el estado del proceso de paz.
La Fiscalía informó en un comunicado que, mediante resolución expedida por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, “fue aceptado de buena fe el listado de 29 integrantes presentado por el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), para empezar el desplazamiento preparatorio, progresivo y condicionado de dichas personas hacia dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), que inicia el 25 de junio de 2026 bajo la coordinación de esa oficina”.
El ente acusador añadió que fue informado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz sobre la suspensión de las órdenes de captura contra estas 29 personas, incluidas aquellas con fines de extradición, para que la Fiscalía adopte medidas de seguridad jurídica.
En respuesta a estas pretensiones, la Fiscalía informó que resolvió “abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia hacia las Zonas de Ubicación Temporal que impliquen no ejecutar, de manera general, automática e inmediata órdenes de captura antes del 25 de junio de 2026, fecha de inicio de las ZUT”, hasta que cuente “con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.
Añadió que la información remitida a la Fiscalía “permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional. Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”.
Explicó la fiscal Camargo que “la información sobre el contenido del acuerdo, su nivel de cumplimiento y las acciones concretas orientadas al tránsito real del grupo a la legalidad incluye, entre otros aspectos: avances sobre la desarticulación de sus estructuras armadas, la suspensión de conductas contrarias al DIH o al DIDH, la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas dadas por desaparecidas, la entrega de armas, la cesación de hostilidades contra la población civil, el desminado cuando corresponda, el plan para desarticular las estructuras dedicadas a la comisión de delitos, la transición de economías ilegales a proyectos productivos lícitos y el desmonte de las estructuras financieras que soportan la organización y sus actividades criminales”.
Advirtió que a partir del 25 de junio de 2026, y no antes, “empiezan los efectos de la inmunidad de tránsito y permanencia de las personas del Egc en las ZUT, así como la suspensión de las respectivas órdenes de captura”.
La fiscal también se refirió a que, entre las personas en el listado entregado por el autodenominado Egc, se encuentra Jovanis Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, requerido en extradición por Estados Unidos.
Agregó que dicha solicitud ya cuenta con concepto favorable de la Corte Suprema. “Por ello, sin desconocer la discrecionalidad que la ley otorga al presidente de la República para conceder o negar la extradición de nacionales, la Fiscalía General de la Nación insta a honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos trasnacionales”, dijo.
Por otro lado el presidente Petro declaró ante la decisión de la Fiscalía que “el presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden del presidente”.
Aclaró el mandatario: “No he suspendido la orden de extradición de alias ‘Chiquito Malo’ ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia, que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”.
Anunció que “se hará la lista completa de 400 integrantes del llamado Egc sin extraditables como ya lo ordené, y solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinarán si el proceso se declara en estado avanzado”.