#JYDJudiciales Antioquia
Medellín. En desarrollo de la ofensiva institucional para la protección y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el departamento, la Policía Nacional en Antioquia, a través de la Policía Judicial de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO), lograron importantes resultados operacionales contra personas presuntamente responsables de conductas que vulneran la integridad y libertad sexual de menores de edad.
Entre el 11 y el 15 de mayo, y gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, fueron materializadas seis capturas por delitos de alto impacto que afectan gravemente a esta población priorizada. Estas actividades operativas se desarrollaron en los municipios de Andes, El Santuario, San Jerónimo, Támesis y Yolombó.
Dentro de los resultados obtenidos se destacan dos capturas por el delito de acto sexual violento agravado; una captura por los delitos de acto sexual violento y demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años; dos capturas por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años; y una captura por violencia intrafamiliar agravada, conducta que afecta directamente los entornos protectores de niños, niñas y adolescentes.
La Policía Nacional en Antioquia reitera que estos resultados hacen parte del compromiso institucional para prevenir, investigar y judicializar conductas que vulneren la dignidad, integridad y libertad de la niñez y adolescencia, siempre bajo criterios de legalidad, respeto por los derechos humanos y garantía del debido proceso.
Asimismo, se continúan fortaleciendo las capacidades investigativas y operacionales en cada municipio del departamento, priorizando la atención de casos relacionados con violencia sexual, maltrato y cualquier tipo de afectación contra menores de edad, con el propósito de consolidar entornos más seguros y protectores.
Finalmente, la Institución hace un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes, recordando que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre las autoridades, las familias y la comunidad.