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Un informe remitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abogado Víctor Mosquera y la Fundación Derechos y Justicia Asociados expone una serie de preocupaciones relacionadas con el desarrollo del proceso electoral colombiano y advierte sobre hechos que, según sus autores, podrían comprometer el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos durante la elección presidencial.
La comunicación fue enviada en junio de 2026 como complemento de un informe técnico presentado con anterioridad ante el organismo internacional. En el documento se sostiene que el país enfrenta circunstancias que, a juicio de los denunciantes, representan riesgos para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y para el desarrollo de una competencia electoral en condiciones de igualdad.
Según el escrito, la cercanía de la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio, habría incrementado las preocupaciones relacionadas con la participación política de los ciudadanos, especialmente en regiones donde mantienen presencia estructuras armadas ilegales.
Denuncian presiones de grupos armados sobre comunidades y campañas políticas
Uno de los apartados centrales del informe está dedicado al análisis de la influencia que tendrían organizaciones armadas ilegales en distintos territorios del país.
Los autores señalan que grupos como el Estado Mayor Central (EMC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían ejercido presiones sobre comunidades rurales y, presuntamente, limitado el desarrollo de actividades políticas de sectores distintos al movimiento de gobierno.
La documentación enviada a la CIDH sostiene que en algunas zonas se habrían impuesto restricciones a campañas diferentes a la del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro.
De acuerdo con el informe, aspirantes y dirigentes de sectores opositores habrían enfrentado amenazas y obstáculos que les impidieron realizar reuniones, recorridos y actividades de proselitismo en determinadas regiones.
Los denunciantes afirman además que existe una coincidencia territorial entre áreas donde operan grupos armados ilegales y municipios en los que Cepeda obtuvo resultados favorables durante la primera vuelta presidencial realizada el 31 de mayo de 2026.
Hallazgos sobre mesas de votación en zonas de conflicto
El documento también incluye un análisis de información electoral derivada de la revisión de formularios E-14.
Según el informe, fueron identificadas 218 mesas de votación ubicadas en sectores catalogados como zonas de alto riesgo por razones de orden público, en las cuales el candidato Iván Cepeda habría obtenido la totalidad de los votos registrados.
Los autores indican que 168 de esas mesas estarían localizadas en municipios vinculados a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), iniciativa creada para intervenir regiones afectadas por el conflicto armado y otras problemáticas sociales.
El informe señala que parte de estos resultados se registraron en municipios del departamento de Nariño. Allí, según la documentación presentada, algunas mesas reportaron coincidencia total entre el número de sufragios depositados y la cantidad de votos obtenidos por una única candidatura presidencial.
Para los denunciantes, estos resultados ameritan una revisión detallada por parte de las autoridades competentes y de los organismos internacionales encargados de la observación electoral.
Como parte de los elementos incorporados al informe, los autores incluyen referencias a declaraciones atribuidas a miembros de organizaciones armadas ilegales.
Entre ellas aparece una entrevista atribuida a alias “Calarcá”, en la que presuntamente se hace referencia a orientaciones entregadas a habitantes de zonas rurales sobre el sentido de su voto.
Según el documento, en dicha declaración se afirma: “Los campesinos nos dicen: ‘Camaradas, ¿por quién votamos? ¿Por los candidatos de Petro, por los uribistas o por los santistas?’, nosotros les decimos por los de Petro, eso no tiene menor duda”.
Los denunciantes consideran que este tipo de manifestaciones, de confirmarse, podría evidenciar interferencias indebidas en el ejercicio libre del sufragio.
Posibles afectaciones a derechos protegidos por la Convención Americana
El informe sostiene que los hechos descritos podrían constituir vulneraciones a varios derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Entre ellos menciona el derecho a la participación política, la libertad de expresión, la integridad personal y la posibilidad de ejercer el voto sin presiones externas.
Los autores argumentan que la presencia de amenazas o condicionamientos por parte de actores armados afecta la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones electorales de manera autónoma.
Asimismo, consideran que estas situaciones podrían generar condiciones desiguales para los distintos sectores políticos que participan en la contienda presidencial.
Otro de los capítulos del informe está dedicado a examinar actuaciones públicas del presidente Gustavo Petro durante el proceso electoral.
En este apartado se recopilan publicaciones realizadas por el mandatario en redes sociales, declaraciones públicas, intervenciones en eventos oficiales y mensajes difundidos entre 2025 y 2026.
Los autores recuerdan que la legislación colombiana contempla restricciones relacionadas con la participación en política de servidores públicos y sostienen que varias de las actuaciones registradas podrían ser objeto de análisis bajo esas disposiciones.
Entre los ejemplos citados figura una publicación realizada por Petro el 30 de noviembre de 2025 en la red social X.
De acuerdo con el informe, en ese mensaje el jefe de Estado escribió:
“Si vuelve a elegirse el proyecto democrático, Bolívar vivirá en los corazones de todas y todos los colombianos. Romperemos las cadenas y abriremos las oportunidades aún más para el pueblo”.
Los denunciantes sostienen que este tipo de expresiones podrían interpretarse como manifestaciones relacionadas con preferencias electorales.
Referencias a discursos y publicaciones sobre la contienda
La documentación presentada ante la CIDH también recopila intervenciones del presidente en escenarios públicos en las que habría hecho referencia a la continuidad del proyecto político que respalda al Gobierno.
Según los autores, algunas de esas intervenciones incluyeron llamados a mantener mayorías legislativas y respaldar la agenda de reformas impulsada desde la Casa de Nariño.
El informe igualmente menciona publicaciones dirigidas contra dirigentes y candidatos de oposición, entre ellos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, así como mensajes relacionados con la campaña presidencial y los resultados obtenidos durante la primera vuelta.
Mención a decisión del Consejo de Estado
Los denunciantes destacan dentro de su argumentación una decisión adoptada por el Consejo de Estado el 28 de mayo de 2026.
Según recuerdan, esa corporación judicial ordenó al mandatario abstenerse de utilizar medios oficiales para difundir mensajes que favorecieran o afectaran a partidos, movimientos o agrupaciones políticas.
El informe sostiene que, pese a esa determinación, continuaron registrándose pronunciamientos públicos del presidente relacionados con la competencia electoral.
Entre ellos se encuentra una declaración emitida después de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial.
En esa oportunidad, Petro manifestó:
“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.
Los autores consideran que estas declaraciones deben ser evaluadas dentro del contexto de las restricciones aplicables a los funcionarios públicos durante los procesos electorales.
Procesos relacionados con participación en política
El informe señala además que, de acuerdo con información recopilada por sus autores, hacia finales de mayo de 2026 existían al menos diez actuaciones o investigaciones relacionadas con presunta participación en política que involucraban al jefe de Estado.
Los denunciantes consideran que este conjunto de antecedentes debe ser examinado por la CIDH dentro de su seguimiento a las garantías democráticas y al funcionamiento de las instituciones colombianas.
En la parte final del documento, Víctor Mosquera y la Fundación Derechos y Justicia Asociados solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incorpore estos hechos dentro de sus análisis sobre la situación electoral colombiana.
Según el informe, las circunstancias descritas podrían afectar principios asociados a la igualdad de condiciones entre los competidores políticos, la libertad de elección de los ciudadanos y la transparencia del proceso democrático.
Los autores también advierten sobre posibles riesgos para la integridad de líderes de oposición y para la libre determinación del electorado en regiones donde persisten estructuras armadas ilegales.
Además, piden que el organismo internacional evalúe las denuncias relacionadas con presuntas presiones ejercidas por grupos armados sobre comunidades rurales y las actuaciones atribuidas al presidente Petro durante el desarrollo de la campaña presidencial.
El documento concluye solicitando que la CIDH tenga en consideración estos elementos dentro de las labores de observación y seguimiento que realiza sobre el estado de los derechos políticos, las garantías electorales y el funcionamiento de la democracia en Colombia.