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Durante la audiencia pública de presentación del informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia”, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre el agravamiento estructural del derecho a la salud en el país, producto del aumento sostenido de las barreras para acceder a medicamentos.
Según el informe, esta crisis afecta a todas las personas sin distinción del régimen de afiliación, pero impacta con mayor severidad a las poblaciones rurales, étnicas y con baja conectividad. A través de 3.449 encuestas, la Defensoría identificó seis medicamentos con alto nivel de desabastecimiento: Metformina, Valsartán, Insulina Glargina, Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico, fundamentales para tratar enfermedades crónicas, mentales y maternas.
El estudio determinó que el impacto económico de tener que comprar un medicamento no entregado por el sistema puede representar entre el 7% y el 90% de los ingresos mensuales de una persona, de acuerdo con datos del Dane. Este gasto forzado, señaló la entidad, afecta el acceso a otros derechos básicos, como la alimentación, la educación y la vivienda digna.
Con corte a septiembre de 2025, la Defensoría reportó 584 medicamentos no entregados en todo el país. De 1.798 casos analizados, el 48% sigue sin resolverse. Además, el 61% de los encuestados aseguró haber tenido que comprar el medicamento por su cuenta, una situación crítica que se agrava en las zonas rurales y en comunidades étnicas.
Los medicamentos Metformina, Valsartán y Losartán encabezan la lista de los más reportados por falta de entrega. En conjunto, los 10 fármacos con más casos concentran el 25% de los reportes nacionales.
“La regresividad en el acceso a medicamentos es una realidad que afecta a todo el territorio nacional”, explicó la Defensora del Pueblo desde Barranquilla. Añadió que los problemas ya no se limitan a tratamientos de alto costo, sino que afectan medicamentos esenciales para la atención primaria, debido a alteraciones en la cadena logística y comercial del sector farmacéutico.
El informe también recopila cifras históricas sobre la judicialización del derecho a la salud. Entre enero de 2020 y agosto de 2025, se registraron 1.003.147 tutelas ante la Corte Constitucional relacionadas con este derecho. Solo en 2025, el 33,85% de las tutelas interpuestas invocaron el derecho a la salud, siendo el segundo más reclamado en el país, y el 36,82% de esas acciones judiciales estuvieron vinculadas con la entrega inoportuna de medicamentos o insumos médicos.
En ese mismo periodo, la Defensoría del Pueblo acompañó e interpuso 18.451 tutelas para la protección del derecho fundamental a la salud. De ellas, el 24% correspondió a la negación en la entrega de medicamentos esenciales, con los departamentos de Quindío (14%), Caldas (12%) y Antioquia (8%) concentrando la mayor cantidad de casos.
La entidad reiteró que el país enfrenta una crisis estructural de acceso a medicamentos, que pone en riesgo la salud y el bienestar de miles de colombianos, y pidió al Estado acciones urgentes para garantizar la disponibilidad, distribución y equidad en el acceso a tratamientos esenciales.