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Bogotá. Luego que el presidente electo Abelardo de la Espriella dio un mes de plazo a los grupos armados para “organizar su sometimiento” a la justicia. En campaña advirtió que con él en el poder se acaba la llamada ‘paz total’. Sin embargo, el actual gobierno deja seis procesos de conversaciones activos con las disidencias de alias ‘Calarcá’, el Clan del Golfo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y tres con bandas urbanas de Medellín, Barranquilla y Buenaventura.
En un pronunciamiento que hizo De la Espriella tras recibir del Consejo Nacional Electoral la certificación que lo acredita como el próximo presidente, dijo que “a esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi hobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”.
El académico Eduardo Pizarro Leongómez, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, declaró: “Mi opinión es que viene una ruptura de estos grupos con el proceso anterior y las cartas se van a volver a barajar”.
Agregó que es muy difícil que el ejecutivo entrante le dé continuidad a un proceso que fue mal diseñado, con unos diálogos mal concebidos, y que “simplemente repita la experiencia frustrada del gobierno anterior”.
No obstante, considera que va a haber “un rediseño total en términos de mecanismos de cese al fuego bilateral, de iniciar las negociaciones con un proceso maduro donde los grupos armados planteen que para sentarse a la mesa están mostrando disposición de abandonar definitivamente las armas y acogerse a la justicia, o a procesos de paz en el caso de grupos de origen político”.
A pesar de que De la Espriella dijo que su gobierno no se sentará a dialogar con grupos armados criminales, Pizarro cree que “con mucho pragmatismo va a dejar una puerta abierta, y sería muy inteligente dejar una puerta abierta. Es decir, plantear un rediseño de los procesos con la totalidad de los grupos, pero eventualmente en el caso de los grupos de origen político dejar una puerta abierta no me parece improbable”.
Pizarro no cree que los grupos armados acojan sin nada a cambio el llamado de De la Espriella a someterse a la justicia. “De ninguna manera porque el sometimiento implica simplemente acogerse al Código Penal que prevé penas de prisión entre 50 y más años por crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces. Y ninguno de estos grupos estaría dispuesto a acogerse a la justicia para pagar una pena si no hay una garantía de una negociación de penas efectiva”, indicó.
Por ello, el analista sostuvo que el nuevo gobierno va a tener que plantearse si está dispuesto o no aplicar un modelo de justicia transicional o el Código Penal.
En tanto que Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, destacó que “es importante que se recomponga lo que ha venido pasando en este gobierno, y es permitir que esos procesos sirvan para que los grupos se fortalezcan. Por lo tanto, como lo ha dicho el presidente electo, lo que corresponde en las próximas semanas es definir cuál va a ser ese marco de sometimiento de acuerdo a la legislación”.
No obstante, el analista puso de presente que el problema es que no hay una ley de sometimiento porque el gobierno Petro no logró sacarla adelante en el Congreso.
Vale señalar que producto de las conversaciones del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al menos un centenar de sus hombres se concentraron en una zona de ubicación en el Valle del Guamuez, Putumayo, con miras a su desmovilización
Chacón dijo al respecto que “tendrá que definirse el mecanismo con el cual se va a aprovechar para esos miembros que están hoy ahí, que en todo caso los han reunido ahí sin darles un marco jurídico. Hay que decirlo, el gobierno Petro los deja ahí sin haber establecido ese marco jurídico para el sometimiento”.
Chacón reiteró que “el nuevo gobierno ha dicho que está abierto a una negociación de sometimiento a la justicia, no negociaciones que impliquen condiciones favorables como las que han tenido en estos cuatro años”.
Agregó que todos los gobiernos han buscado espacios para negociar sometimiento a la justicia, “lo que él ha dicho es que no va a utilizar el mismo marco de la ‘paz total’, que es para que los grupos criminales tengan unos beneficios como levantamiento de órdenes de captura, mesas indefinidas y mientras se dan ceses al fuego los grupos criminales siguen hostigando a la población civil sin cesar hostilidades”.
Enfatizó Chacón que “lo que está claro es que se va a cambiar la forma de hacerlo, y cuando les dice que les da un mes para que se preparen para el sometimiento, pues está dando un marco de lo que al parecer va a ser parte de la política desde el punto de vista de buscar la paz por una salida negociada: es el sometimiento a la justicia”.
El dirigente gremial José Félix Lafaurie, quien por invitación del actual gobierno hizo parte de la delegación oficial en la mesa de conversaciones con el Eln, dijo que “el presidente electo ha sido muy claro con respecto a este asunto. Aún más me parece que el mensaje que dio en la entrega de su credencial fue clarísimo: quiere un mes”.
Lafaurie dijo que “lo que va a haber es un sometimiento a la justicia, por consiguiente, veo que incluso lo que estaban haciendo con el Clan del Golfo, que iban a acuartelarlos, si ese es el término que se puede usar, en alguna zona de Córdoba, creo que eso lo suspendieron”.
Advirtió Lafaurie que “en adelante cualquier cosa que haga el gobierno o lo consultará con el gobierno entrante o el gobierno entrante desautorizará cualquier acción que eventualmente vaya en contravía de lo que el gobierno ha venido proponiendo en estos términos”