El exfiscal general critica la suspensión de la UIF, advirtiendo sobre el impacto en la lucha contra el crimen financiero en el país.
En una reciente entrevista con Blu Radio, Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, aseguró que nunca supo de la existencia del software espía Pegasus, y se enteró de su uso por el presidente Gustavo Petro. Esta revelación ha generado un fuerte impacto en el país, especialmente tras la decisión de suspender a Colombia del grupo Egmont, que agrupa unidades de inteligencia financiera global.
Varios exfiscales, como Guillermo Mendoza Diago, han advertido que esta medida limitará significativamente la capacidad del Estado para rastrear flujos de dinero ilícitos. Mendoza enfatizó que la falta de acceso a documentos de inteligencia y datos relevantes complicará las investigaciones penales. “Colombia quedó aislada de una fuente clave de inteligencia financiera global”, afirmó, resaltando que esta desconexión podría obstaculizar esfuerzos en la lucha contra delitos financieros.
Mario Iguarán, también exfiscal, coincidió en que gran parte de las indagaciones de la Fiscalía provienen de reportes generados por la UIAF. “Estos informes han sido cruciales para realizar interceptaciones y seguimientos”, explicó. Sin embargo, anticipó que la reducción en el número de casos por lavado de activos podría ser una consecuencia directa de la suspensión, aunque destacó que la medida podría ser temporal.
Mientras la entidad evalúa su decisión final, Iguarán advirtió que la exclusión de Colombia limitará su capacidad para cooperar internacionalmente. “No podremos recibir información del extranjero, lo que reducirá la efectividad de las investigaciones”, lamentó. En este contexto, la exclusión del grupo Egmont es vista como una grave pérdida de herramientas esenciales para combatir el crimen organizado.
El pasado 4 de septiembre, Petro reveló un supuesto pago de 13 millones de dólares por la compra de Pegasus durante la administración de Iván Duque. Este hecho, de acuerdo con el grupo Egmont, violó los acuerdos de confidencialidad y los estándares de responsabilidad exigidos a los países miembros. Barbosa expresó su preocupación, señalando que los criminales internacionales son los principales beneficiados de esta situación, al tener mayor libertad para mover recursos sin restricciones.
“Es gravísimo no estar en este grupo. El crimen es transnacional”, concluyó Barbosa, enfatizando la vulnerabilidad del país en la lucha contra el crimen. Los expertos coinciden en que sin las herramientas adecuadas, Colombia se enfrenta a un futuro incierto en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.