Destruyen laboratorio para el procesamiento de cocaína en zona rural de Guadalupe, Antioquia

Tenia la capacidad de producir más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína semanales

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Bogotá D.C., La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Agencia Federal Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), logró la ubicación y destrucción de un laboratorio clandestino para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda San Pablo de Caney, zona rural del municipio de Guadalupe (Antioquia), con una capacidad de producción superior a dos toneladas semanales.

Las labores de investigación permitieron establecer que este complejo cocalero pertenecía a una organización criminal independiente con alcance transnacional, la cual articulaba esquemas de outsourcing criminal con el GAO-r 36 (Bloque Magdalena Medio – Gentil Duarte), bajo el mando de alias “Chéjo” o “Alejandro”.

Foto: inspección de policial

Asegura el Coronel Luis Roberto González Olmos, Subdirector de Investigación Criminal e INTERPOL, que el estupefaciente producido era transportado vía terrestre mediante la modalidad de caleta en camiones, y posteriormente enviado por vía marítima utilizando lanchas tipo Go-Fast desde La Guajira, con tránsito hacia Centroamérica y destino final en los Estados Unidos de América.

Durante la intervención fueron incautados y destruidos, 2.755 kg de clorhidrato de cocaína, 792 galones de acetona, 158 galones de solvente, 84,5 galones de hidrocarburos (gasolina), 50 kg de soda cáustica, 20 galones de ácido sulfúrico, 1 planta eléctrica industrial con 2 transformadores, 13 hornos microondas, 1 “marciano”, 2 “gusanos” o resistencias, 2 prensas para molde, 1 prensa hidráulica y 1 prensadora al vacío

Con esta operación las autoridades impactan de manera directa las cadenas de suministro del narcotráfico transnacional y el sistema de drogas ilícitas, generando un golpe a las finanzas y logística criminal estimado en 99,4 millones de dólares americanos.

Estas acciones refuerzan la presión sostenida del Estado colombiano y sus aliados internacionales contra las redes del narcotráfico, especialmente aquellas que conectan la producción nacional con rutas hacia Centroamérica y Estados Unidos. Asimismo, ratifican el compromiso institucional en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional.