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Bogotá. La Procuraduría General de la Nación fijó para el próximo 27 de mayo una audiencia de conciliación entre la familia de Kevin Arley Acosta Pico y varias entidades del Estado, en un intento por avanzar en la reparación económica tras la muerte del menor, ocurrida en febrero de 2026.
El caso, que involucra a un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, ha sido objeto de investigaciones disciplinarias y pronunciamientos institucionales que apuntan a fallas en la atención médica como causa determinante del desenlace.
De acuerdo con información conocida en las últimas semanas, el Ministerio Público concluyó que la muerte del menor no fue un hecho inevitable, sino consecuencia de omisiones en la prestación del servicio de salud, particularmente por la falta de suministro oportuno del medicamento requerido para controlar su enfermedad.
Kevin Acosta falleció el 13 de febrero, luego de permanecer cerca de dos meses sin recibir el tratamiento que lo protegía de hemorragias, situación que lo dejó en condición clínica crítica tras una caída.
A la audiencia de conciliación han sido convocados la Nueva EPS —entidad a la que estaba afiliado el menor—, el Ministerio de Salud, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En ese escenario deberán comparecer ante Yudy Katherine Pico, madre del niño, con el propósito de evaluar un acuerdo que permita cerrar el litigio sin acudir a un proceso judicial prolongado.
La familia estructuró una pretensión económica basada en los perjuicios morales y materiales derivados de la muerte del menor.
Aunque una eventual demanda superaría los 1.800 millones de pesos, para la etapa de conciliación se ha planteado una base cercana a los 923 millones de pesos.
El monto contempla compensaciones individuales para los integrantes del núcleo familiar, incluida la madre, los hermanos del menor y su abuela materna.
El expediente de Kevin Acosta se convirtió en uno de los casos más visibles sobre las deficiencias del sistema de salud, especialmente en la atención de pacientes con enfermedades huérfanas.
El informe de la Procuraduría determinó que la interrupción en la entrega del medicamento emicizumab fue un factor determinante en el deterioro del menor.
Organizaciones médicas y de pacientes han advertido que este tipo de fallas no es aislado, sino parte de dificultades más amplias en el acceso a tratamientos especializados, particularmente en entidades intervenidas.
El caso volvió a cobrar relevancia tras recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó públicamente el manejo de la información por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El mandatario aseguró que no se había entregado el informe sobre las causas de la muerte del menor y puso en duda la responsabilidad de la EPS en el fallecimiento.
Sin embargo, Medicina Legal respondió que no tiene facultad para divulgar resultados de necropsias sin orden judicial, debido a la reserva legal que rige este tipo de actuaciones dentro de procesos penales.
El director de la entidad, Ariel Emilio Cortés, reiteró que su labor es de carácter técnico y que los informes solo pueden ser entregados a las autoridades competentes encargadas de la investigación.
Además, un juez respaldó esta posición al declarar improcedente una tutela interpuesta por el Ministerio de Salud que buscaba acceder a dichos documentos.
Desde el momento de la muerte del menor, el caso ha estado rodeado de pronunciamientos oficiales que generaron rechazo en distintos sectores.
En febrero, el presidente y el ministro de Salud atribuyeron parcialmente la responsabilidad a la familia, lo que fue cuestionado por organizaciones médicas y sociales, que insistieron en que la causa principal fue la falta de tratamiento oportuno.
Posteriormente, la Procuraduría descartó esa hipótesis y estableció que la responsabilidad recaía en fallas del sistema de salud, lo que dio pie a las acciones legales emprendidas por la familia.