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Bogotá. La Jurisdicción Agraria Rural en el Congreso de la República se enreda a falta de ser debatida y votada en las plenarias de Cámara y Senado. Ahora se suma el inconformismo de otros sectores diferentes a los políticos. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, quien explicó la inconveniencia de la iniciativa en caso de que el Congreso la apruebe tal y como está presentada.
Inicialmente, el dirigente gremial manifestó: “La inconsistencia que le vemos al proyecto es particularmente en el artículo 9, porque este proyecto sale de la necesidad de crear una Justicia Agraria, a propósito de la ley estatutaria. Tal y como lo estableció el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc y el Decreto Ley 902 del año 2017, se ordenaba la creación y la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria, pero la inconsistencia viene en que el Gobierno nacional en ese artículo, en esta iniciativa, lo que busca es que los procesos agrarios, que los debe decidir un juez de la República, como quedó claramente establecido en el decreto ley, y que fue ratificado por sentencias de la Corte Constitucional, los defina la Agencia Nacional de Tierras”.
Además, Jorge Bedoya cuestionó: “¿Por qué quieren crear una justicia agraria si le van a quitar competencias a los jueces? Esa es una gran inconsistencia, pero, sobre todo, un atentado contra las garantías judiciales que hoy tienen los ciudadanos. El Gobierno busca con eso eliminar esa fase judicial que en la práctica es que la Agencia Nacional de Tierras tiene que hacer la investigación sobre cualquiera de los ocho procesos agrarios, pero un juez es el que tiene que decidir. El Gobierno propone que sea la Agencia la que investigue y decida, es decir, que sea juez y parte, como se dice coloquialmente, y eso va en contravía de nuestra opinión también en contra de cuatro sentencias de la Corte Constitucional y algunas muy recientes y el Auto 534 de 2026, que ya suspendió artículos de un decreto del Gobierno que buscaba eliminar las garantías judiciales de los ciudadanos en procesos agrarios”.
Posteriormente, el presidente de la Asociación subrayó que “consideramos que, si la iniciativa se aprueba como está, se vuelve inconveniente por una razón muy contundente. Los ciudadanos perderían las garantías judiciales a las cuales hoy tienen acceso. Pero además, para qué crear una justicia agraria si lo que van a hacer es darle un poder omnipotente prácticamente al Ejecutivo en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, para qué crear una Jurisdicción Agraria si le van a quitar las competencias a los jueces, y en particular a los de esa nueva justicia especializada que es la Jurisdicción Agraria”.
El representante Gabriel Becerra, ponente de la iniciativa, insistió que “la práctica del proceso parlamentario es que hay temas en los cuales naturalmente hay diferencias. Yo diría que la mayoría de temas en lo que respecta a la ley ordinaria están consensuados, hay este punto que es el del artículo 9, sobre el cual se han explorado varias fórmulas que permitan discutir las alternativas. No hay discusiones en otros puntos y considero que es posible construir un acuerdo. Pero si en últimas este no se da, pues se hace como se surte el trámite de todas las leyes, se vota y, en caso de concretarse una postura, se respetará y si se queda otra, pues también debe respetarse”.
El congresista afirmó: “Entonces, lo que creo es que a ratos, más que el debate sobre los contenidos, lo que hay es dificultades políticas que tenemos que ayudar a resolver para que el proyecto avance. Tiempo hay, y ya hemos avanzado en conjunto y lo que queda es la discusión en las plenarias, y si eso es así, pues el Senado le puede dar trámite en las próximas semanas y se haría la conciliación que, aunque el tiempo es apretado, no habría problema”.