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Bogotá. El Concejo de Bogotá someterá a votación definitiva este lunes los artículos restantes del proyecto de reforma tributaria estructurado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. La iniciativa, que busca transformar la estructura fiscal del Distrito, optimizar el recaudo y fomentar la competitividad empresarial, ya cuenta con la aprobación en plenaria de poco más de la mitad de su articulado original. Con las nuevas rentas, el gobierno local aspira a garantizar el cierre financiero de proyectos de infraestructura y sostener los programas sociales trazados en el Plan de Desarrollo.
Durante las sesiones previas, el cabildo dio luz verde a 27 artículos de la propuesta. Entre las medidas adoptadas destaca el régimen transitorio de alivios para obligaciones pendientes, que permite a los contribuyentes acceder a un descuento del 60 % en intereses y sanciones. Para acogerse, los infractores deberán cancelar la totalidad del capital adeudado y el 40 % restante de las penalidades antes del 21 de diciembre de 2026. Quedan excluidas de estos beneficios las multas por incumplimientos contractuales con el Distrito y las sanciones por conducir bajo el influjo de sustancias psicoactivas o alcohol.
Uno de los ejes que mayor controversia ha suscitado es la modificación tarifaria del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). El texto aumenta la tarifa para la venta de vehículos y motocicletas del 6,9 al 11 por mil, y para la comercialización de licores y cigarrillos en supermercados y tiendas del régimen común, del 13,8 al 21 por mil. Estas disposiciones han provocado a lo largo de la discusión múltiples pronunciamientos conjuntos de entidades como Fenalco, Fasecolda, Colombia Fintech y Asobancaria.
En una declaración pública, el saliente director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, advirtió que estos incrementos afectarán las utilidades de los comercios que operan con márgenes estrechos. Por su parte, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, señaló que elevar estas tarifas afectará el crédito y podría causar el traslado de operaciones e inversiones hacia otros municipios de la sabana. En el Cabildo, cabildantes de diversas bancadas solicitaron incluso retirar estos gravámenes argumentando que desincentivan la inversión, perjudican la competitividad y aumentarán los costos para el consumidor final.
Otra medida aprobada es la creación de una sobretasa al impuesto predial unificado, orientada específicamente a financiar el servicio de alumbrado público. Los predios residenciales de estratos uno, dos y tres con avalúos catastrales inferiores a 20.000 UVT estarán exentos del pago, al igual que los de estratos cuatro, cinco y seis cuyos propietarios pertenezcan a los grupos A, B o C del Sisbén. Para el sector comercial, financiero e industrial, la tarifa aplicable será del uno por mil. La administración distrital defiende este ajuste como una medida indispensable para financiar obras clave de infraestructura y programas sociales en la ciudad.
La solicitud de mayores impuestos motivó un debate público sobre la eficiencia estatal. El representante a la Cámara, Daniel Briceño, cuestionó a los funcionarios que celebran el aumento de impuestos y afirmó que la ciudad posee altos ingresos que terminan fortaleciendo a grupos políticos locales. Briceño instó al Alcalde Mayor a intervenir las alcaldías locales, argumentando que allí se manejan más de un billón de pesos en contratos de prestación de servicios (OPS) y de malla vial.
En respuesta a la postura del congresista, el exalcalde Enrique Peñalosa argumentó que los impuestos son necesarios para construir vías, troncales, hospitales, parques, colegios y prestar servicios de seguridad. Peñalosa coincidió con Briceño en la existencia de ineficiencias en algunas alcaldías locales, pero destacó que bajo la actual Secretaría de Gobierno se ha avanzado en procesos de centralización contractual. Señaló que la ejecución desde el nivel central pasó de 120.000 millones a 573.000 millones de pesos, alcanzando 942 procesos competitivos (un 37 % más que en 2024) y terminando más de 1.119 obras locales en 2026.
Para la sesión de este lunes, la Plenaria del Concejo tiene agendado evaluar y votar en segundo debate los 27 artículos restantes de la iniciativa. Entre los puntos que faltan por definir se encuentra el artículo 20, que propone una actualización de toda la tabla de tarifas del impuesto predial. Según dicha propuesta, los inmuebles de uso residencial tributarían en una escala que iniciaría en el 5,5 por mil y alcanzaría un tope del 13,9 por mil, de acuerdo con el nivel de sus avalúos.
De igual forma, están pendientes de discusión los artículos 4, 5 y 8, que contemplan nuevos beneficios para aquellos propietarios que aporten inmuebles a proyectos de renovación urbana, utilicen modelos de arrendamiento especializado y una exención del 50 % para predios de Unidades de Servicio en Primera Infancia. El cabildo también deberá decidir sobre las exenciones en el predial para Bienes de Interés Cultural, áreas de conservación ambiental y los terrenos pertenecientes a los cabildos indígenas Muiscas de Suba y Bosa. Finalmente, restan por votar los incentivos para edificaciones sismorresistentes y los lineamientos sobre notificaciones electrónicas, pasos que completarán el texto definitivo para pasar a sanción del Alcalde Mayor.
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