La Fiscalía General de la Nación ya le imputó cargos

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Cartagena. Un nuevo escándalo por presuntos títulos falsos sacude al sector público luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara la imputación de cargos contra la exreina y actriz Yeimy Paola Vargas, señalada de presentar un diploma presuntamente falsificado para acceder a un contrato en la Alcaldía de Cartagena.
De acuerdo con la investigación, Vargas habría adjuntado en su hoja de vida una certificación académica que la acreditaba como tecnóloga laboral en actuación y teatro, documento que le permitió firmar en 2025 un contrato para promover actividades culturales en la ciudad de Cartagena.
El contrato, firmado el 21 de marzo de 2025, contemplaba la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la división de promoción cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en el marco de proyectos relacionados con la protección y promoción del patrimonio cultural del distrito.
El documento académico presentado por la exreina indicaba que había cursado y aprobado estudios en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Sin embargo, tras verificaciones realizadas por las autoridades, esa institución confirmó que la certificación no fue expedida por sus dependencias.
Según la respuesta oficial, el nombre de la actriz no figura en los registros académicos ni administrativos del instituto, y el formato del documento presentado difiere de los diplomas oficiales utilizados por la entidad, lo que llevó a considerar que carece de validez legal.
La alerta sobre la autenticidad del documento surgió en octubre de 2025, cuando un docente e investigador detectó irregularidades en la tipografía del certificado, lo que motivó la revisión posterior por parte de las autoridades.
Con base en estos elementos de prueba, la Fiscalía solicitó una audiencia de imputación de cargos contra Yeimy Paola Vargas por el delito de falsedad en documento público. La diligencia judicial quedó programada para el próximo 30 de abril en Cartagena.
Según el expediente, la exreina ejerció funciones durante aproximadamente seis meses bajo el contrato suscrito con el instituto cultural, recibiendo honorarios cercanos a los 55 millones de pesos por un periodo de nueve meses, antes de suspender su vinculación.
Posteriormente, en 2026, la Alcaldía de Cartagena le otorgó un segundo contrato por cerca de 18 millones de pesos, esta vez bajo el nivel académico de bachiller y sin incluir el diploma que ahora es objeto de investigación.
La imputación contra la exreina sería apenas la primera fase del proceso judicial, que podría extenderse a otros funcionarios involucrados en la contratación dentro del Instituto de Patrimonio y Cultura, especialmente aquellos responsables de la verificación de los requisitos académicos.
Hasta el momento, la defensa de la actriz no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Por su parte, la Alcaldía de Cartagena indicó que se acoge al debido proceso y al principio de presunción de inocencia mientras avanza la investigación.
El caso se suma a otros episodios recientes relacionados con presuntos títulos falsos en entidades públicas, un fenómeno que ha generado cuestionamientos sobre los controles en la verificación de hojas de vida dentro del sector estatal.