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Redacción. Una controversia diplomática surgió en Haití luego de que una empresaria denunciara que la Embajada de Colombia en Haití no habría pagado una millonaria cuenta por servicios de alimentación prestados durante la visita del presidente Gustavo Petro a ese país en julio de 2025.
El episodio se remonta al 18 de julio de 2025, cuando el mandatario colombiano viajó a la ciudad de Puerto Príncipe para inaugurar la nueva sede diplomática colombiana. En esa ocasión, la misión oficial estuvo integrada por varios funcionarios, entre ellos la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la canciller Yolanda Villavicencio y la embajadora en Haití, Vilma Rocío Velásquez.
La denuncia fue presentada por la empresaria haitiana Viviane Vital-Herne Hoogendorm, propietaria del Aioli Restaurant, establecimiento encargado del servicio de catering durante el evento diplomático.
Según su testimonio, nueve meses después del evento, la embajada y la Cancillería colombiana no habrían cancelado el valor total del servicio, que asciende a 5.691 dólares, equivalentes actualmente a cerca de 20 millones de pesos colombianos. Inicialmente, la factura alcanzaba los 6.095 dólares, pero la empresaria aseguró que redujo el monto tras retirar algunos elementos, entre ellos botellas de champaña que quedaron tras el evento.
El servicio contratado incluía alimentos, bebidas, personal de atención y decoración del lugar donde se realizó la inauguración de la sede diplomática, ubicada en el sector Route de Delmas, en Puerto Príncipe. De acuerdo con la empresaria, su equipo permaneció en la embajada desde las 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche del día del evento.
Viviane Vital-Herne Hoogendorm afirmó que, tras el evento, recibió promesas de pago por parte de funcionarios diplomáticos, pero aseguró que ninguna se concretó. Ante la falta de respuesta, envió varias comunicaciones a la embajada, al consulado colombiano y a la Cancillería.
En una carta fechada el 7 de abril de 2026 y dirigida a la canciller Yolanda Villavicencio, la empresaria manifestó su inconformidad por lo que calificó como promesas incumplidas y solicitó que se tomaran medidas para saldar la deuda pendiente.
Por su parte, la embajadora Vilma Rocío Velásquez ofreció una versión distinta de los hechos y señaló que el valor reclamado por la empresaria sería superior al inicialmente acordado.
Según explicó, la embajada solicitó varias cotizaciones y aprobó la de menor valor, que inicialmente correspondía a cerca de 1.250 dólares. Sin embargo, indicó que posteriormente la empresaria habría incluido elementos adicionales como decoración, flores y bebidas sin que se presentara una nueva cotización formal.
La funcionaria sostuvo que la factura final por aproximadamente 6.000 dólares resulta desproporcionada frente al acuerdo inicial y afirmó que la misión diplomática solicitó a la empresaria detallar los costos antes de proceder con cualquier pago.
Además, indicó que en la embajada se manejan los recursos con controles estrictos y que no se puede autorizar el pago de valores que no correspondan a lo previamente aprobado.
El caso se convirtió en un tema sensible debido a que ocurrió en el marco de la inauguración de la sede diplomática colombiana en Haití, un país que atraviesa una profunda crisis de seguridad y estabilidad institucional tras el asesinato del expresidente Jovenel Moïse.
Aunque el monto en disputa no es elevado frente a los costos habituales de misiones diplomáticas, la controversia ha generado cuestionamientos por el impacto que podría tener en la imagen internacional del país y en la relación con proveedores locales.
Hasta el momento, no se ha informado de una solución definitiva al conflicto, mientras continúan los intercambios de comunicaciones entre la empresaria, la embajada y la Cancillería colombiana para aclarar el origen de la deuda y determinar si corresponde efectuar el pago reclamado.