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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales alertó que al menos 11 alcaldes de ciudades capitales en Colombia han sido víctimas de amenazas o situaciones de riesgo entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026, según un análisis técnico elaborado por la entidad.
El informe también documenta más de ocho casos adicionales que involucran a funcionarios públicos, equipos técnicos y personal administrativo de alcaldías en distintas regiones del país, lo que evidencia que el fenómeno no se limita exclusivamente a los mandatarios locales.
De acuerdo con el estudio, las intimidaciones han ocurrido en diferentes zonas del territorio nacional sin una concentración geográfica definida. En ciudades como Cúcuta, Cartagena y Florencia se reportaron amenazas directas contra alcaldes, mientras que en Medellín, Barranquilla y Cali se identificaron alertas relacionadas con posibles atentados.
En el caso de Bogotá, el documento menciona reportes de riesgo vinculados a la seguridad institucional de la administración distrital.
El análisis señala que las amenazas no solo han recaído sobre los alcaldes, sino también sobre otros integrantes de las administraciones locales. Entre los afectados se encuentran secretarios de despacho, funcionarios operativos, equipos técnicos y personal de comisarías de familia.
Según la entidad, estas situaciones han generado dificultades en el desarrollo de actividades en terreno y han limitado la ejecución de programas y políticas públicas, debido al aumento de los riesgos para los servidores públicos.
El documento advierte que, en varios casos, las intimidaciones coincidieron con operativos contra organizaciones criminales, acciones de control del espacio público y medidas frente a economías ilegales como el microtráfico y la extorsión.
Para Asocapitales, este patrón podría evidenciar el uso de amenazas como mecanismo de presión frente a decisiones administrativas que afectan intereses ilícitos en los territorios.
El director ejecutivo de la organización, Andrés Santamaría, señaló que las intimidaciones contra autoridades locales representan un problema institucional que afecta la capacidad del Estado para ejercer control en los territorios.
Asimismo, advirtió que este tipo de situaciones puede afectar la continuidad de las políticas públicas, debilitar la confianza ciudadana en las instituciones y poner en riesgo el normal funcionamiento de la democracia local.
Frente a este panorama, Asocapitales solicitó al Gobierno Nacional reforzar los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, fortalecer las capacidades de inteligencia y prevención, y priorizar las investigaciones relacionadas con amenazas contra funcionarios públicos en la Fiscalía General de la Nación.
Además, propuso la creación de un protocolo nacional para atender este tipo de casos y el desarrollo de un sistema centralizado que permita monitorear de manera permanente los riesgos que enfrentan alcaldes y equipos de gobierno en todo el país.