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Crecen las denuncias sobre presunta participación en política de funcionarios tanto del Gobierno nacional y sus entidades, así como de gobernaciones y alcaldías. La Constitución prohíbe a los empleados del Estado tomar parte en las actividades de los partidos, movimientos y en las controversias políticas. La Procuraduría abrió investigación por este asunto a los alcaldes de Cúcuta (Norte de Santander) y Barrancabermeja (Santander).
Así mismo, se radicó una queja ante la Procuraduría General por la presunta participación en política de funcionarios del Gobierno nacional en la consulta del Pacto Histórico, llevada a cabo el pasado domingo en todo el país.
El Código Único Disciplinario prohíbe a los funcionarios públicos utilizar su empleo para apoyar una campaña política o presionar a particulares o subalternos para influir en procesos electorales. El Código Penal en el artículo 422 tipifica en el caso de los servidores públicos intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o agrupación política. De la misma forma, la Ley de Garantías prohíbe utilizar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales.
No obstante, la Misión de Observación Electoral (MOE) llama la atención porque “si bien desde el 2004 existe un mandato constitucional para establecer prohibiciones a la participación de los servidores públicos en política, hasta la fecha, no se cuenta con una ley estatutaria que desarrolle de manera específica los alcances de dichas prohibiciones y las conductas que les son permitidas”.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, indicó que “a pesar de no contar con una reglamentación específica y clara, es muy importante que los mandatarios y demás funcionarios públicos tengan presente que gobiernan para la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de las posturas políticas o convicciones partidistas de los mismos”.
Agregó que “por ello, sus pronunciamientos, sean estos en medios de comunicación tradicionales o en redes sociales, pueden afectar, entre otros, el principio de imparcialidad de la función pública, la prevalencia del interés general sobre el particular, así como la libertad política”.
La Procuraduría General abrió la semana anterior investigación disciplinaria al alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, por su presunta participación indebida en política a favor de su esposa, Alix Vargas Torrado, quien está inscrita como precandidata al Senado de la República.
La delegada segunda para la vigilancia administrativa indicó que, al parecer, el mandatario estaría liderando y promoviendo alianzas políticas y compromisos electorales con dirigentes, concejales y exfuncionarios del departamento de Norte de Santander aprovechando su cargo y la estructura del municipio.
El ente de control investiga la presunta presión, por parte del disciplinable, a contratistas para asistir a reuniones políticas, firmar listas de apoyo y participar en actos proselitistas; de igual manera, se investiga el uso de instalaciones oficiales para adelantar reuniones de carácter político y en horario laboral, entre otras posibles irregularidades.
También, la semana anterior, el Ministerio Público aperturó investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez Gómez, por su presunta participación indebida en política.