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Bogotá. En el marco de una rigurosa ofensiva contra las redes criminales y los delitos transnacionales, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), en articulación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo decidido y de confianza del Servicio de Seguridad Diplomático (DSS) de la Embajada de los Estados Unidos, la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Migración Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Policía Nacional de España, materializó la desarticulación del Grupo de Delincuencia Común Organizada denominado “Apócrifo”.
Durante operativos simultáneos desplegados en las ciudades de Bogotá D.C., Barranquilla, Soledad (Atlántico) y Neiva (Huila), se hicieron efectivas 15 órdenes de captura de 12 ciudadanos colombianos y 3 dominicanos requeridos por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad material en documento público.
Las labores investigativas y de policía judicial que incluyeron interceptación de comunicaciones, análisis lofoscópicos, búsquedas selectivas en bases de datos y análisis de vínculos que permitieron establecer que esta red captaba principalmente a ciudadanos provenientes de República Dominicana y Venezuela para dotarlos fraudulentamente de la nacionalidad colombiana con registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes; para lograrlo, la estructura cooptó a servidores públicos clave, entre ellos tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá y Barranquilla, quienes aprovechaban sus cargos para omitir requisitos de ley, ingresar al sistema biométrico, registrar huellas y expedir cédulas de ciudadanía adulteradas. Además de una funcionaria de la Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Huila (Neiva), encargada de la formalización y entrega irregular de libretas de viaje basadas en cédulas extemporáneas o fraudulentas.
La estructura cobraba entre $4.000.000 y $7.000.000 de pesos y sumas de hasta 7.000 dólares en rutas complejas por cada paquete de documentación; su cadena criminal se dividía en roles milimétricos. Los extranjeros eran recibidos en Colombia y alojados en inmuebles transitorios mientras se coordinaban los desplazamientos a notarías y registradurías.
Posteriormente integrantes de la red se presentaban como supuestos padres consanguíneos de los extranjeros, rindiendo declaraciones juramentadas falsas y aportando documentación apócrifa para tramitar registros civiles de nacimiento extemporáneos. Una vez ya con el registro espurio, los funcionarios públicos vinculados a la organización criminal procedían a realizar la biometría y expedición de contraseñas, cédulas y pasaportes.
Los migrantes después de ser dotados con identidad colombiana, eran enviados hacia Europa y Estados Unidos, empleando en ocasiones rutas terrestres y aéreas que conectaban con Medellín o pasos fronterizos en Ecuador, Perú y Brasil para burlar controles migratorios.
A la fecha, el trabajo coordinado con la Registraduría Nacional del Estado Civil permitió la cancelación de 43 identidades fraudulentas, información que fue compartida con autoridades europeas y estadounidenses para facilitar la ubicación y captura de quienes pretenden transitar en el exterior bajo amparo espurio de la documentación colombiana suministrada irregularmente.
La estructura criminal presuntamente se encontraba liderada por Wilson Gabriel Germosén Ramírez, alias ‘Tito’ o ‘Wilson Cabarcar’, de nacionalidad dominicana, quien residía en Colombia desde 2017 y había obtenido su propia identidad irregular en 2019. Alias ‘Tito’ registra antecedentes penales en su país de origen y había sido deportado previamente desde Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de armas y estupefacientes. Junto a él fueron capturados sus principales coordinadores logísticos y financieros, identificados como alias ‘Brígido’ y alias ‘Mello’.
Los 15 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que se surtan las audiencias preliminares ante un juez de la República con función de control de garantías a fin de que se declare la legalidad de todas las capturas.
“Los investigadores de la DIJIN determinaron que esta práctica no solo buscaba la migración irregular, sino que fue utilizada para encubrir perfiles con requerimientos judiciales internacionales. Entre los beneficiarios de estas identidades falsas figuran personas con antecedentes por narcotráfico y delitos federales como lavado de activos en Estados Unidos” : afirmó, El Coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, Director de Investigación Criminal e INTERPOL.
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