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Redacción. La Casa da Moeda de Portugal advirtió que suspender el convenio para la expedición de pasaportes en Colombia podría generar graves riesgos para millones de ciudadanos, debido a que no existe un plan sustituto que garantice la continuidad del servicio.
La advertencia fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como respuesta a una de las demandas que buscan anular el contrato por 1,3 billones de pesos adjudicado a la Imprenta Nacional de Colombia en alianza con la firma portuguesa para la producción y distribución de pasaportes.
El pronunciamiento se da en medio del proceso de transición hacia un nuevo modelo de expedición, tras la finalización del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, que hasta ahora había estado a cargo del servicio.
En el documento judicial, la entidad portuguesa sostuvo que una eventual suspensión del convenio dejaría al país sin mecanismos claros para continuar con la expedición del documento oficial. Según el memorial, esta situación pondría en riesgo inmediato a los ciudadanos que requieran pasaporte para viajar o realizar trámites internacionales.
“Todo lo contrario. Conceder la medida cautelar pone en verdadero riesgo el servicio, porque no hay un plan sustituto que sea procedente”, señala el documento remitido al tribunal como parte de la defensa jurídica del acuerdo.
La respuesta legal, presentada el 21 de abril por el abogado Felipe de Vivero Arciniegas, asegura que las actuaciones conjuntas entre la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional cumplen con la normatividad vigente y no vulneran principios como la libre competencia ni afectan el patrimonio público.
El convenio ha sido objeto de controversia desde su adjudicación. La demanda popular que actualmente analiza el tribunal fue presentada por el ciudadano Nicolás Dupont, quien cuestiona la legalidad del proceso y busca suspenderlo mediante una medida cautelar. La defensa del acuerdo sostiene que los argumentos del demandante se basan en “meras conjeturas” y que no se ha demostrado un daño real al interés público.
Además, el proceso judicial cuenta con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, que también radicó una demanda para anular el convenio internacional, argumentando presuntas irregularidades en la financiación del proyecto.
El magistrado José Élver Muñoz, encargado del caso en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, analiza si el acuerdo cumple con los requisitos financieros exigidos, luego de que se señalara que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda habrían aportado cerca del 21 % del valor total del contrato.
El debate también ha tenido implicaciones políticas, ya que el presidente Gustavo Petro impulsó la exclusión de Thomas Greg & Sons del proceso, una decisión que derivó en investigaciones contra varios funcionarios vinculados al nuevo modelo de expedición de pasaportes.
De acuerdo con la defensa de la entidad portuguesa, el nuevo esquema busca fortalecer la seguridad documental del país y avanzar hacia una mayor autonomía tecnológica en la producción de pasaportes. No obstante, advirtió que cualquier interrupción del modelo vigente podría generar una crisis en la prestación del servicio a nivel nacional.