#JYDPolítica Nación
Bogotá. Si bien hay plazo para que el Gobierno radique el proyecto de ley de competencias este año y luego queda todo 2026 para que el Congreso lo apruebe en los términos que establece la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), hay preocupación en los territorios porque consideran que se ha perdido tiempo para iniciar la discusión de un tema tan complejo como es redefinir las funciones de la administración central, departamental y municipal. Aún más porque como van las cosas, este pulso se dará en plenas elecciones y teniendo en el horizonte un nuevo parlamento a partir del 20 de julio.
En la pasada legislatura fue aprobada la reforma al SGP para que las regiones recuperen en lo posible los porcentajes de los ingresos corrientes de la nación que tuvieron en los primeros años de la Constitución del 91. De esta forma, esperan tener los recursos suficientes para atender las funciones y obligaciones que les corresponde y avanzar de manera más efectiva y rápida en la descentralización administrativa, al no depender tanto de Bogotá.
Transcurridos 34 años de la actual Constitución la descentralización administrativa no ha avanzado como lo contempla la Carta Política, básicamente porque descentralizar sin recursos es muy difícil, como se ve hoy, pues la mayoría de las gobernaciones y alcaldías pasan apuros para cumplir con todas las funciones que tienen.
Lo que debe suceder con la ley de competencias es que producto de los mayores recursos que recibirán a partir de 2027, las gobernaciones y alcaldías por la reforma al SGP, asuman plenamente competencias en materia de salud, educación, agua, saneamiento básico, entre otros. Mientras que el Gobierno nacional se haría responsable entre otros, de la seguridad, y por ello del sostenimiento de la Fuerza Pública; de los ministerios y de las embajadas.
La discusión en el Congreso sobre el particular, comenzando en las comisiones primeras, es más técnica que política porque el resultado de la distribución de competencias según los recursos que recibirán desde 2027, debe dejar tranquilos tanto al Gobierno nacional como a gobernaciones y alcaldías de que puedan cumplir las funciones que asuman y que el nivel central no quede desfinanciado.
Por el calibre de la discusión, teniendo en cuenta lo que está en juego por billonarios, recursos, descentralización y autonomía, es comprensible que el pulso será duro porque todos querrán ganar y ninguno perder. De ahí la preocupación porque se van a cumplir nueve meses de que el presidente Petro sancionó el acto legislativo 03 (que reformó el SGP), sin que llegue al Congreso el proyecto de ley de competencias.