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Hoy lunes está previsto que en el Tribunal Superior de Bogotá inicien las audiencias que pidió la Fiscalía para imputar y solicitar medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Velasco, investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Son señalados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, pues supuestamente en su calidad de funcionarios ordenaron al entonces director de esta entidad usar contratación para beneficiar congresistas, a cambio de aprobar las reformas sociales.
Pero no son los únicos que han estado o que permanecen en el gabinete de Gustavo Petro que tienen abiertas indagaciones o investigaciones en la Corte, la Fiscalía y en la Procuraduría General de la Nación, pues hay nueve vinculados a procesos por hechos distintos a las situaciones anómalas que se registraron en la Ungrd.
Ellos son los excancilleres Álvaro Leyva Durán, Laura Sarabia y Luis Murillo, así como la actual titular de esta cartera, Rosa Villavicencio; la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez; la exministra del Deporte, María Urrutia; el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el ministro de Minas, Edwin Palma; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.
En este balance de los exministros y ministros que son investigados la situación más curiosa se presenta en la Cancillería, pues tienen abiertos procesos todos los que ha designado el presidente Petro en el cargo: los exministros Álvaro Leyva, Luis Murillo y Laura Sarabia; así como la actual Rosa Villavicencio, por el contrato para producir y distribuir los pasaportes.
En un primer momento la Cancillería quiso contratar esta labor con un privado, como siempre se ha hecho. Pero después de una accidentada licitación, que finalmente fue suspendida, cambió de parecer y decidió estatizar el proceso y que quede en manos de la Imprenta Nacional.
La Fiscalía acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.
Para el ente acusador, el entonces ministro Leyva emitió varios actos administrativos contrarios a la ley, cuando en septiembre de 2023 declaró desierta la licitación por $600 mil millones, “en aras de la objetividad y para contar con un tiempo prudencial», según entonces explicó el Ministerio.
La firma Thomas Greg se mantuvo hasta último momento como proponente en ese proceso, por ello estuvo a punto de demandar al Estado porque manifestó que fue afectada por el cierre de la licitación.
Por estos hechos Leyva ya fue sancionado por la Procuraduría, que lo destituyó e inhabilitó por 10 años.
La Procuraduría ordenó en julio pasado la apertura de una investigación contra Luis Murillo y Laura Sarabia, en su condición de ministros de Relaciones Exteriores, por las presuntas irregularidades en que incurrieron para garantizar la elaboración y distribución de los pasaportes.
El ente de control indicó que, posiblemente, Murillo y Sarabia no estructuraron de manera eficiente y oportuna el proceso durante el tiempo que cada uno ocupó la cartera ministerial, aunado al hecho de que en el caso de Murillo habría usado en forma indebida la figura de la declaratoria de urgencia manifiesta surtida en septiembre de 2024.
Ahora bien, en el caso de Sarabia las investigaciones no paran ahí porque a finales de mayo de 2023 la Procuraduría abrió indagación preliminar, también a otros funcionarios por determinar, por las presuntas irregularidades presentadas al someter a la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba en la vivienda de la funcionaria como niñera de su hijo.
También en mayo de este año, la Fiscalía inició una indagación a Sarabia, actualmente embajadora ante el Reino Unido, a partir de una denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
De igual forma, el Ministerio Público abrió investigación en julio pasado a la canciller Rosa Villavicencio Mapy por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes.
Para la Procuraduría, la firma del convenio suscrito entre la Cancillería, a través del Fondo Rotatorio, y la Imprenta Nacional para la elaboración de pasaportes transgrede principios de planeación y economía de la contratación estatal, al evidenciar que no existen los documentos y estudios previos que sustenten la celebración de este acuerdo.
A mediados de 2023, la Procuraduría aperturó una indagación a la entonces ministra de Minas y Energía y actual ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, por el presunto uso irregular de su cargo para influir ante un agente de Migración Colombia.
El ente de control indaga si Vélez persuadió entonces a un funcionario del aeropuerto de Cali, con el fin de que facilitara en enero de 2023 la salida del país de su hijo menor de edad, pese a no disponer del permiso que para este tipo de situaciones exige la ley.
La Procuraduría General de la Nación profirió en abril del año pasado en este caso pliego de cargos a Vélez Torres por el presunto uso de la influencia ejercida por el rol desempeñado.
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema acusó en junio pasado a la exministra del Deporte, María Urrutia Ocoró, por la presunta celebración de 104 contratos de prestación de servicios, o apoyo a la gestión, con los que se habría asegurado la continuidad de sus titulares hasta el 31 de diciembre de 2023.
Por otra parte, la Procuraduría ordenó en octubre pasado la apertura de una indagación al entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, por su presunta intromisión indebida en la administración de justicia, vulneración de la autonomía judicial y afectación de garantías fundamentales en el proceso legal seguido en su contra.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, al parecer, en el ejercicio de su cargo el entonces funcionario promovió mensajes de odio y difundió información falsa e inexacta de forma masiva durante el proceso judicial que se llevaba contra el expresidente Uribe, en el que Montealegre fue reconocido como víctima.
La Fiscalía compulsó recientemente copias a la Corte Suprema para que asuma la investigación al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por supuestos sobrecostos en un contrato de febrero pasado que firmó cuando era agente interventor de la empresa Air-e.
El Ministerio Público abrió en días pasados una indagación al ministro del Interior, Armando Benedetti, porque llamó “loca” y “delincuente” a la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, quien está a cargo de algunas de las investigaciones en su contra, la mayoría de su época de senador.
La Corte Suprema indicó que “el ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, tiene actualmente varios procesos activos en la Sala de Instrucción de esta Corporación”. Entre las investigaciones que afronta está el caso Fonade (Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo), por el cual está llamado a juicio porque supuestamente él y otros congresistas influyeron para que Certicámara S.A. lograra un contrato por más de $1.000 millones.