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El terrorismo en Colombia mantiene una tendencia creciente en los últimos años, reflejando la capacidad de adaptación de los grupos armados ilegales frente a las acciones del Estado y la presión sobre sus economías ilícitas.
De acuerdo con el más reciente informe del ministerio de Defensa, con corte a marzo de 2026, durante el primer trimestre del año se registraron 314 actos de terrorismo en el país. Aunque esta cifra representa una disminución del 3% frente al mismo periodo de 2025, cuando se documentaron 323 casos, los niveles siguen siendo altos frente a años anteriores.
El contraste es claro: en el primer trimestre de 2024 se reportaron 194 actos terroristas y en 2023 fueron 195. Esto evidencia que, pese a variaciones puntuales, la tendencia reciente muestra un incremento sostenido en este tipo de hechos violentos.
Históricamente, el terrorismo ha sido utilizado en Colombia como una herramienta de presión por parte de grupos armados y organizaciones criminales para infundir miedo en la población y condicionar decisiones del Estado. Actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y el tráfico de armas siguen siendo los principales motores económicos de estas estructuras, que reaccionan con violencia cuando se ven amenazadas.
Este patrón tiene antecedentes claros. Durante la época de Pablo Escobar, los atentados terroristas —incluidos carros bomba— fueron empleados sistemáticamente para evitar la extradición y presionar al Estado. Aunque el contexto actual es distinto, la lógica persiste: los grupos armados recurren al terrorismo como mecanismo de intimidación frente a operaciones militares y policiales.
El análisis de la última década muestra la evolución del fenómeno. En 2015 se registró uno de los niveles más bajos con 314 actos terroristas. Sin embargo, en 2016 la cifra se disparó a 824 casos. En 2017 bajó a 699, pero en 2018 volvió a subir a 780.
En 2019 hubo una leve reducción y en 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, se registró una caída significativa a 427 casos, explicada en parte por las restricciones de movilidad.
Con la reactivación del país, la tendencia volvió a cambiar. En 2021 se contabilizaron 635 actos terroristas y en 2022 la cifra subió a 742. Para 2023, primer año completo del gobierno de Gustavo Petro, se registraron 839 casos.
El 2024 marcó uno de los picos más altos de la década con 1.125 actos terroristas, mientras que 2025 alcanzó el nivel más alto en 10 años con 1.398 casos. Estos datos evidencian un panorama complejo en materia de seguridad, donde los avances operacionales del Estado conviven con la capacidad de reorganización y respuesta violenta de los grupos armados ilegales.