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El Consejo de Estado negó una demanda de pérdida de investidura contra la senadora Isabel Zuleta, relacionada con la polémica del ‘tarimazo’ y la salida temporal de personas privadas de la libertad para un evento en Medellín.
La acción judicial señalaba que la congresista habría gestionado ante el Inpec el traslado de 23 cabecillas de estructuras delincuenciales recluidos en la cárcel de Itagüí, con el fin de que participaran en un acto público realizado en junio de 2025. Según los demandantes, esto constituía un uso indebido de su investidura.
Sin embargo, el Alto Tribunal determinó que no se probó que Zuleta hubiera invocado su condición de senadora para influir en la decisión administrativa. Por el contrario, concluyó que la solicitud se hizo en su calidad de coordinadora de un espacio de diálogo de paz urbana, designación otorgada por el Gobierno nacional.
En su análisis, el Consejo de Estado indicó que no existió “influjo psicológico” sobre funcionarios públicos ni evidencia de beneficios indebidos, elementos necesarios para configurar el delito de tráfico de influencias.
Asimismo, la corporación descartó una vulneración del régimen de incompatibilidades, al considerar que la actuación de la congresista se enmarcó en funciones relacionadas con procesos de paz y no en la gestión de intereses particulares.
“Las pruebas no logran acreditar que la accionada haya invocado su calidad de congresista ante el director del Inpec para solicitar el traslado de personas privadas de la libertad”, señaló el fallo.
Pese a esta decisión, Zuleta continúa vinculada a una indagación preliminar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por estos mismos hechos.