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Bogotá. La Fiscalía General atraviesa una de sus mayores tensiones internas en años. A la ya cuestionada suspensión judicial de una audiencia clave del concurso de méritos FGN 2024, se sumó una decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo que, según fiscales de amplia trayectoria, “pone de cabeza la institución”.
La Resolución 0-0110 del 27 de abril de 2026, advierten, no es un simple ajuste administrativo: “con esa resolución se continúa variando las reglas de juego del concurso”, afecta directamente los cargos ofertados para delegados ante tribunal y, en la práctica, “ya no será necesaria la audiencia de adjudicación de plaza porque todos pasan a nivel central”, lo que —según señalan— constituye una “violación de las reglas del concurso” y un desconocimiento abierto de los principios de “transparencia y confianza legítima”.
Horas después de que se hiciera pública la suspensión judicial de una de las audiencias clave del concurso de méritos para proveer 4.000 cargos en la Fiscalía General de la Nación —hecho revelado por la Agencia de Periodismo Investigativo (API)—, la fiscal general adoptó una decisión de fondo que reconfigura la estructura interna de la entidad.
Se trata de la Resolución 0-0110 del 27 de abril de 2026, mediante la cual ordenó adscribir todas las Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior a la Dirección Especializada contra la Corrupción y, como consecuencia directa, suprimir las unidades de fiscalías delegadas ante tribunal en las direcciones seccionales.
La medida, adoptada en medio de un deterioro evidente del clima institucional, no solo reorganiza competencias: introduce un rediseño estructural en el funcionamiento histórico de la Fiscalía, justo cuando el concurso de méritos enfrenta cuestionamientos judiciales y administrativos.
La resolución parte de una premisa específica: que un alto volumen de procesos adelantados por fiscales delegados ante tribunales está relacionado con delitos de corrupción en la administración de justicia.
Bajo ese argumento, la fiscal general concluye que estas investigaciones deben concentrarse en la Dirección Especializada contra la Corrupción, dependencia adscrita a la Delegada contra la Criminalidad Organizada.
El artículo primero no deja margen de interpretación: “Adscribir las Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior (…) a la Dirección Especializada contra la Corrupción (…) y en consecuencia, suprimir las Unidades de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal de las Direcciones Seccionales”.
Aunque el acto administrativo insiste en que no habrá cambios en la ubicación física, la carga laboral ni las funciones de los fiscales, en la práctica sí altera un elemento clave: la dependencia jerárquica y funcional. Es decir, la cadena de mando. Y con ello, el control sobre investigaciones sensibles.
El alcance de la medida trasciende cualquier ajuste formal. La resolución incluye un listado detallado —distribuido a lo largo de varias páginas— en el que se identifican 66 despachos de fiscalías delegadas ante tribunal en todo el país que pasan a depender de la Dirección Especializada contra la Corrupción.
La redistribución es nacional y masiva. Bogotá concentra 13 despachos afectados; Atlántico, 5; Cundinamarca y Santander, 4 cada una. También figuran Meta y Norte de Santander con entre 3 y 4 despachos, mientras que regiones como Valle del Cauca, Magdalena, Cauca, Cesar, Córdoba, Bolívar y Boyacá registran entre 2 y 3.
A esto se suman seccionales con un solo despacho afectado, como Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Chocó, La Guajira, Nariño, San Andrés, Sucre y Tolima.
El mensaje es inequívoco: no se trata de una medida focalizada, sino de una reconfiguración estructural que abarca prácticamente todo el país y concentra estos despachos en la órbita de la lucha contra la corrupción.
El impacto, además, no se limita a los fiscales. Un parágrafo extiende la decisión a sus asistentes, ampliando el alcance real de la reorganización dentro de la entidad.
Pese a que la Fiscalía presenta la decisión como un ajuste administrativo sin mayores implicaciones operativas, el contenido del acto revela otra cosa.
La resolución faculta a la Dirección Especializada contra la Corrupción para redefinir la numeración y organización interna de los despachos, redistribuir cargas de trabajo y asumir investigaciones que antes estaban dispersas en distintas seccionales.
Los procesos en curso se mantienen, pero con una condición clave: las asignaciones especiales migrarán automáticamente a los nuevos despachos. No hay traslados físicos, pero sí un rediseño completo de la arquitectura interna y de las líneas de mando.
La decisión tampoco puede analizarse de forma aislada. Fue expedida días después de la suspensión judicial de una audiencia de escogencia de vacantes del concurso FGN 2024, ordenada dentro de una acción de tutela promovida por una aspirante.
Ese concurso, concebido para proveer 4.000 cargos, acumula una cadena de cuestionamientos: modificaciones sobre la marcha en la oferta de empleos, inconsistencias en bases de datos, inclusión tardía de funcionarios en condición de pensionables, errores en la identificación de beneficiarios de acciones afirmativas y demandas ante el Consejo de Estado que buscan su nulidad total. La suspensión de audiencias es, hasta ahora, el episodio más visible de ese proceso.
En ese contexto, la reorganización interna profundiza la incertidumbre. Fuentes consultadas por API señalan que no hay antecedentes recientes de un nivel de tensión institucional similar. El temor central: que el concurso termine desplazando a funcionarios con décadas de experiencia.
Con la Resolución 0-0110, ese escenario se agrava. La concentración de los fiscales delegados ante tribunal en una sola dirección especializada abre interrogantes sobre los criterios de la medida, su impacto en la independencia de las investigaciones y sus efectos sobre el propio concurso.
La Dirección Especializada contra la Corrupción no solo recibirá los procesos: queda habilitada para reorganizar despachos, redefinir estructuras internas y asumir investigaciones que involucran, en muchos casos, a funcionarios judiciales y servidores públicos.
Aunque formalmente los fiscales permanecen en sus sedes y conservan funciones, el cambio en la supervisión, la asignación de casos y la toma de decisiones estratégicas es sustancial.
A esto se suma una disposición adicional: los fiscales que se encuentran en comisión deberán regresar a sus dependencias de origen, lo que anticipa nuevos movimientos internos.
La resolución rige de manera inmediata y deroga disposiciones contrarias. Sus efectos ya están en marcha.
Su expedición coincide con el momento más crítico del concurso de méritos y con una creciente judicialización de sus actuaciones.
Ese escenario ya había sido anticipado el pasado 23 de abril, cuando documentó cómo el concurso se convirtió en el eje de una crisis institucional: cambios posteriores a su apertura, errores reconocidos por la entidad, inconsistencias en acciones afirmativas y cuestionamientos sobre los límites legales de cargos en ascenso.
Hoy, ambos frentes —la suspensión judicial del concurso y la reestructuración interna— confluyen en un mismo punto: una Fiscalía sometida a presiones simultáneas en lo laboral, lo administrativo y lo operativo.
Mientras el proceso que debía fortalecer la entidad enfrenta cuestionamientos de legalidad, la administración avanza en una reingeniería institucional en tiempo real.
El resultado, según los propios fiscales, es una institución que dejó de estar a la cabeza para quedar “de cabeza”. Entretanto, la fiscal Luz Adriana Camargo no se ha pronunciado al respecto.