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El presidente Gustavo Petro autorizó la apertura de diálogos exploratorios con el grupo criminal La Inmaculada, también conocido como la Oficina de Tuluá, señalado de amenazar a jueces y fiscales en ese municipio del Valle del Cauca.
La decisión quedó formalizada en una resolución ejecutiva firmada el pasado 6 de diciembre, en la que el mandatario también aprobó acercamientos con los grupos delincuenciales Los Pepes y Los Costeños de Barranquilla.
Según el documento, los acercamientos tienen como objetivo “verificar la voluntad real de paz” de estas organizaciones y avanzar hacia la posible formalización de diálogos y acuerdos, en línea con los objetivos definidos por el presidente de la República dentro de su política de “paz total”.
La resolución designa a las personas autorizadas para adelantar los contactos: Jorge Arturo Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); Ricardo Rey, director de Contrainteligencia de esa misma entidad; y Alexánder Rojas. Todos deberán actuar “bajo las precisas instrucciones que imparta el presidente de la República, a través del Consejero de Paz”.
Con esta autorización, el Gobierno inicia una fase preliminar para evaluar la disposición de estas bandas criminales de someterse a un eventual proceso de paz o negociación, mientras continúa ampliando los alcances de la estrategia estatal frente a estructuras vinculadas al crimen organizado.